TIJUANA, BC.- El órgano interno de control de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE-BC) inició una investigación en contra del director y subdirector del penal de La Mesa, en Tijuana, luego de que permitiera una liberación irregular.
Fue el 29 de mayo del año en curso cuando Gisela Aidee, detenida el por el asesinato de su novio Jonathan Palma el 12 de septiembre del 2021, fue liberada sin que se efectuara una audiencia pública por un juez.
Las autoridades carcelarias detectaron una irregularidad en los expedientes jurídicos del citado Centro de Readaptación Social, por lo que procedieron a informar primero a la Secretaría de Honestidad de la Función Pública.
“Como creemos que ese hecho podría devenir en la posible comisión de un hecho posiblemente criminoso, dimos vista a la Fiscalía General del Estado para que ambos en sus respectivas competencias inicien las investigaciones”, señaló José Gabriel Gálvez Beltrán, comisionado del Sistema Estatal Penitenciario en Baja California.
Los nombres del director y el subdirector del penal de La Mesa fueron reservados por la presunción de inocencia; ambos eran trabajadores de confianza, el primero de ellos, con varios años de servicio, mientras que el segundo, con un corto lapso de trabajo.
Fue el tres de junio de este 2024 cuando se comenzó con la revisión de la liberación de Gisela Aidée, siendo el día siguiente, el cuatro de junio, cuando se tomó la determinación de separar a los dos servidores públicos, los cuales posteriormente renunciaron.
Se está analizando es la posibilidad de que haya más empleados de la cárcel inmiscuidos en este hecho.
“Todos los funcionarios en este caso del centro penitenciario que pudiese haber tenido alguna participación, obviamente en la medida de su participación, se sabrá”, apuntó Gálvez Beltrán.
“La Fiscalía no tuvo que ver en la liberación, pero sí tenemos que ver en torno al seguimiento si hubo una conducta indebida, también tenemos que ver en base a obtener la orden de aprehensión de esta persona, que su caso haya sido indebidamente liberada; la orden de aprehensión ya la solicitamos”, afirmó María Elena Andrade Ramírez, titular de la FGE-BC.