Un nuevo capítulo de corrupción tiene en la mira al gobierno de Morelos que encabeza el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco.
La Fiscalía Anticorrupción indaga la apertura de una nueva notaría, concesionada a Alejandro Gómez Núñez, hijo de un notario señalado de ofrecer 30 millones de pesos para realizar la práctica ilegal de heredar la notaría a su cargo.
El caso podría alcanzar a Blanco y su hermano Ulises Bravo; este último no es empleado del gobierno de Morelos, y hace unos días fue designado líder de Morena en el estado, lo cual ha sido cuestionado por sus correligionarios.
La Fiscalía Anticorrupción analiza documentos, testimonios y un audio en el que Eduardo Kenji Uchida, exdirector jurídico y hoy titular del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales de Morelos, revela parte de la trama.
Ese funcionario fue el encargado de los trámites legales para crear la notaría entregada a Gómez Núñez, ubicada en Jiutepec, y dijo que Blanco y Bravo operaron la acción.
El audio es una plática entre Uchida García y su entonces jefe, Pablo Ojeda, exsecretario de Gobierno de Morelos. Este último reclamó que no se le informó de la apertura de la nueva notaría, pero sí se utilizó su nombre y cargo para ello.
Fue en ese contexto que Ojeda reveló presuntos actos corruptos por parte de Gregorio Alejandro Gómez, titular de la notaría 1, en Jiutepec. “Ese cuate nos hizo pendejos y pidió una licencia para no perder su notaría; nos ofreció un chingo de dinero para la notaría para su hijo, no una nueva, la suya para su hijo”, dice.
“¿Sabes cuánto nos ofreció? treinta millones de pesos, y lo mandé a la chingada… Le digo que en este gobierno no hay corrupción, se da la vuelta y quién sabe cómo chingados hace (para que le den una nueva notaría a su hijo)”, agregó.
Además del audio la fiscalía analiza documentación usada para crear la notaría que, presuntamente, presenta inconsistencias legales.
La ley faculta al titular del Ejecutivo para crear una notaría y designar al titular, pero la creación de la notaría 4, en Jiutepec, y su entrega a Gómez Núñez, se hizo con base en un reglamento abrogado en 2018.
Édgar Núñez, vicefiscal anticorrupción de Morelos, dijo a El Financiero que la investigación del caso se inició con base en una denuncia anónima y aseguró que muchos de los datos coinciden con lo señalado, pero el caso se revisa bajo el obligado sigilo.