Diputados federales del PRI presentaron una denuncia en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por impedir, obstaculizar y retrasar la entrega de partidas de recursos estatales en perjuicio de 25 municipios neoleoneses.
Los legisladores establecieron en el escrito de la denuncia que García Sepúlveda incurrió en el injustificado requerimiento, embargo y ejecución de las cuentas bancarias de dichas municipalidades, contraviniendo con ello la Constitución Política y demás legislación aplicable.
Los municipios del estado norteño afectados son: Guadalupe, Dr. Arroyo, Dr. González, Galeana, Hualahuises, Iturbide, Aramberri, Agualeguas, Montemorelos, Santiago, Bustamante, General Bravo, General Treviño, Higueras, Lampazos de Naranjo, Linares, Parás, Pesquería, Rayones, Apodaca, Juárez, Allende, Santiago, Cadereyta Jiménez y San Nicolás de los Garza.
Los priistas afirmaron que el mandatario estatal actuó contra la legalidad de manera dolosa, temeraria y arbitraria con fines meramente políticos contra esos municipios, ya que, hasta ahora no les ha efectuado las transferencias de recursos públicos correspondientes a aportaciones federales del Ramo 33 de Infraestructura, así como del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortanum), relativos a la seguridad.
No omitieron mencionar que el 31 de octubre pasado, el mandatario estatal requirió a las municipalidades en comento, el pago inmediato de un supuesto incumplimiento por concepto del impuesto sobre nóminas, y el día 3 de noviembre, ordenó la ejecución y embargo de las cuentas bancarias, de ahorro, cheques e inversión, fideicomisos y cajas de seguridad de dichos municipios.
Los diputados federales solicitaron a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emprenda la correspondiente acción por los actos irregulares denunciados y se sirva rendir un informe a la Cámara de Diputados para conocimiento de dicho órgano legislativo federal, así como promover las acciones legales que en su caso correspondan para fincar las responsabilidades administrativas, penales y políticas, a que haya lugar, en contra del gobernador Samuel García.