Un legislador iraní dijo el domingo que el gobierno de Irán está “prestando atención a las verdaderas demandas del pueblo”, reportaron medios de comunicación del Estado, un día después de que un alto funcionario insinuara que la policía de la moral del país ha dejado de existir luego de que su conducta contribuyó a desencadenar meses de protestas.
La función de la policía de la moral, que se encarga de hacer cumplir las leyes sobre el velo islámico, fue objeto de escrutinio después de que Mahsa Amini, de 22 años, muriera bajo su custodia a mediados de septiembre. Amini había sido detenida por presuntamente violar el estricto código de vestimenta de la república islámica. Su muerte desencadenó una ola de disturbios que han derivado en una exigencia de que los gobernantes clericales de Irán dejen el poder.
El fiscal general de Irán, Mohamed Jafar Montazeri, dijo el sábado que la policía de la moral “había sido cerrada”, informó la agencia de noticias semioficial ISNA. La agencia no proporcionó detalles, y los medios de comunicación estatales no han informado de esa supuesta decisión.
En un artículo publicado por ISNA el domingo, el legislador Nezamoddin Mousavi dio señales de un enfoque menos contencioso hacia las protestas.
“Tanto la administración como el parlamento insistieron en que prestar atención a la demanda del pueblo, la cual es principalmente económica, es la mejor manera de lograr estabilidad y hacer frente a los disturbios”, declaró tras una reunión a puerta cerrada con algunos altos funcionarios iraníes, entre ellos el presidente Ebrahim Raisi. Musaví no se refirió a la supuesta supresión de la policía moral.
The Associated Press no ha podido confirmar el estado actual de esa fuerza, creada en 2005 con la misión de arrestar a las personas que violan el código de vestimenta islámico del país.
Desde septiembre se ha reportado un descenso en el número de agentes de la policía de la moral en todas las ciudades iraníes y un aumento de las mujeres que caminan en público sin velo, en contra de la ley iraní.
Montazeri, el fiscal general, no dio más detalles sobre el futuro de la policía de la moral ni sobre si su cierre era permanente y a nivel nacional. Sin embargo, agregó que el poder judicial iraní “seguirá vigilando el comportamiento a nivel comunitario”.