Unos 20 elementos de la Guardia Nacional, así como 10 policías estatales y 14 elementos de la Fiscalía de la entidad están retenidos por habitantes de la comunidad de Santiago Textitlán, en la Sierra Sur.
Los pobladores, quienes mantienen cerrados los accesos a la comunidad, presionan así al estado para que cumpla con acuerdos firmados por la Secretaría General de Gobierno tras hechos violentos ocurridos en diciembre, que dejaron dos fallecidos y viviendas quemadas.
Incluso afirman que no abrirán hasta que las autoridades garanticen, entre otras cosas, la aplicación de órdenes de aprehensión en contra de los responsables de los asesinatos y la quema de domicilios.
Dentro de los retenidos están cuatro elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (ARI), cinco Agentes del Ministerio Público y cinco peritos, quien habían acompañado a elementos de las fuerzas de seguridad para realizar inspecciones y diligencias pendientes en la zona donde ocurrieron los hechos.
Los hechos derivan de un añejo conflicto territorial entre Santiago Textitlán y Santiago Xochiltepec, y cuya violencia ha escalado.
Entre ambas comunidades existe la disputa de tierras y conflictos por la exigencia de la entrega de los recursos de los ramos 28 y 33, partidas federales para gasto corriente, servicios y obra pública que la autoridad se niega a realizar a favor de sus gobernados.
En mayo tras una incursión de habitantes de Xochiltepec a Textitlán, se reportó la quema de dos patrullas y un módulo de la policía estatal, además de un ataque armado a policías estatales que afortunadamente no dejó víctimas fatales.
En diciembre, el conflicto territorial se reavivó y ambas comunidades se acusaron mutuamente de contar con armamento y atacar a balazos a sus vecinos, generándose un enfrentamiento que dejó como saldo dos personas muertas, así como decenas de familias cuyas viviendas fueron saqueadas e incendiadas para luego ser desplazadas de la agencia de Río Santiago Textitlán.