Porque la participación de funcionarios federales es un delito
El líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó una supuesta evidencia de delitos electorales realizados con la participación del gobierno federal en las elecciones del Estado de México.
Con documentos en mano, López Obrador asegura que funcionarios y secretarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto operan en la entidad
López Obrador subió un video y un documento a su cuenta de Facebook, en el que asegura que "Peña Nieto está asignando tareas en cada una de las regiones del Estado de México a los secretarios y funcionarios de más alto nivel".
NARRO ROBLES, "DE RECTOR A MAPACHE"
En el documento se exponen nombres conocidos de la administración federal de primer orden. Por ejemplo, aparece el nombre de Aurelio Nuño, secretario de Educación, quien presuntamente está a cargo de la región de Cuautitlán Izcalli. El director del IMSS, Mikel Arreola, tiene a su cargo la zona de Ixtlahuaca.
Otros casos que llaman la atención son los de Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, quien lleva la coordinación en Texcoco. Asimismo, el secretario de la Sedesol y compadre de Peña Nieto, el licenciado Luis Miranda, es quien está a cargo de Tultitlán.
Pero un caso muy particular es el del exrector de la UNAM, José Narro Robles, quien ahora es secretario de Salud federal.
"¿Quién iba a pensar que de rector de la UNAM iba a terminar de mapache en Ecatepec", dijo Andrés Manuel en el video.
Andrés Manuel comentó que es muy importante que "se esté grabando, que se esté denunciando en las redes sociales y sobre todo que se esté orientando e informando" sobre delitos electorales en el Estado de México.
Sin embargo, dejó en duda que instituciones encargadas de perseguir esos delitos como la Fepade intervengan.
"Ni modo que nos atengamos al INE, al Trife, la Fepade, no sirven para nada, no lo ven, están de alcahuetes, se hacen de la vista gorda. Los ciudadanos tenemos que luchar por la democracia. A pesar de eso vamos a ganar".
Asimismo, el exjefe de Gobierno del entonces Distrito Federal evidenció la estrategia del PRI, que si quieres puedes consultar desde este enlace.
¿QUÉ DICE LA LEY?
De ser cierto, esto representaría un delito electoral.
El artículo 11, fracción tercera, de la Ley General en Materia de Delitos Electorales señala que los funcionarios públicos que "destinen, utilicen o permitan la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato", tendrán prisión de dos a nueve años.
Asimismo, la legislación detalla en ese mismo artículo, fracción cuarta, que el funcionario incurre en un delito cuando "proporcione apoyo o preste algún servicio a un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sea que lo haga por sí mismo o a través de sus subordinados, en sus horarios de labores".