Porque este castigo, que puede ser considerado una tortura, está prohibido en México
Yuritzia López Gómez, candidata a diputada local en el distrito XIX de la coalición Por Guerrero al Frente (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), propuso aplicar la castración química a violadores y legalizar el cultivo de amapola en Guerrero, como sus principales propuestas de campaña electoral.
La candidata aseguró que “la descomposición del tejido social obliga a endurecer las sanciones para los violadores, no solo como medida cautelar o sancionatoria, sino como medida preventiva para garantizar un mejor ambiente social en comunidades, municipios y todo el estado de Guerrero”.
López Gómez sustentó su propuesta de aplicar la castración química en los datos del Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Común, que fue elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el cual señala que, en 2017, se presentaron 12 mil 740 denuncias por violación en todo el país, pero de acuerdo con datos de Inmujeres la cifra negra podría llegar a las 120 mil violaciones cada año.
“En Guerrero, las cifras no son alentadoras, pues en los últimos tres años se han denunciado 673 abusos sexuales y tan solo en 2017 quedaron registradas 246 violaciones, lo que significa que la cifra negra podría ser cercana a las dos mil 500 violaciones por año, porque la mayoría de las mujeres y menores agredidos sexualmente no presentan denuncia o, incluso, lo ocultan ante sus familiares y amigos”.
Afirmó que esos datos llevan a deducir que sólo el 10% de las víctimas de violación presentan su denuncia formal ante el Ministerio Público, de éstas, sólo cuatro mil agresores reciben una sentencia, lo que significa que cada año 116 mil violadores quedan impunes en todo el país.
Originaria del poblado Filo de Caballos -que se localiza en la zona serrana del estado y que es una de las principales zonas productoras de amapola a nivel nacional-, busca acceder al Congreso local representando al distrito 19 que incluye a los municipios de Heliodoro Castillo, Leonardo Bravo y Eduardo Neri, que son considerados como bastiones de los grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de la siembra y trasiego de heroína hacia Estados Unidos.
Como representante de este sector de la sierra donde miles de campesinos viven de la siembra de la amapola, adelantó que rescatará la propuesta de legalizar este cultivo, a fin de disminuir la incidencia delictiva que ocasiona su tráfico y, sobre todo, para detener la criminalización de quienes se dedican a la siembra de este enervante como su única opción de sustento.