Porque luego se están quejando de fraudes electorales
Los políticos y su promoción ya es cosa de todos los días. Ver en todos los medios de comunicación la imagen de gobernadores, diputados, alcaldes, dirigentes de partidos políticos y funcionarios que, con la excusa de difundir su trabajo, aprovechan para promover su imagen, es lo normal.
El tema aquí es que estos políticos usan recursos públicos para este fin. ¿Es legal hacerlo?
El artículo 134 de la Constitución Política mexicana establece que todos los servidores públicos tienen la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre partidos políticos.
"La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente gubernamental, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público", indica el octavo párrafo de dicho artículo.
Entonces, ¿por qué hemos visto en las últimas semanas casos de funcionarios públicos que aprovechan instituciones para difundir su imagen personal?
La clave está en la falta de un reglamento al artículo 134 para sentar las normas a las que deben sujetarse los poderes públicos, órganos autónomos, dependencias y de cualquier otro ente gubernamental, y con eso garantizar que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
El tercer artículo transitorio de la Constitución dice que el Congreso de la Unión debió expedir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura (inicios de 2014), la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134.
Así que como dicen por ahí, "lo que no prohíbe la ley, está permitido".
El caso más reciente es el de Ricardo Anaya, donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó en su última sesión la inexistencia de infracciones atribuidas al líder partidista para promocionarse indebidamente en spots de su partido.
La Sala Superior del TEPJF avaló la resolución dictada por la Sala Especializada en la que no se observó uso indebido de las pautas otorgadas como parte de sus prerrogativas de acceso a radio y televisión derivado de los promocionales “Se puede” y “Se puede 2”, al considerar que implicaban promoción personalizada rumbo a la elección presidencial de 2018.
De hecho, el Tribunal Electoral le "echó la bolita" al INE para que realice un "escrutinio escrupuloso" sobre este tipo de videos. Sin embargo no hubo ninguna sanción.
Otro caso fue el del secretario de Gobernación, quien lanzó una serie de videos en los que se veía saludando a representantes de diversos sectores de la sociedad y promocionando las acciones de la dependencia; sin embargo, el detalle estuvo en que cambió el logo de la dependencia por uno propio y aparece su nombre.
El PAN y el PRD, también criticados en este ámbito, se quejaron formalmente de este tipo de publicidad ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y dijeron que el funcionario encargado de la política interna de México debería dejar su cargo si es que busca contender por la presidencia.
FALTA DE RIGOR
Para Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, exdiputado federal y actual integrante de la Asamblea Constituyente, faltó rigor en la aprobación de la reforma electoral en 2014 respecto a la publicidad de los gobernantes y funcionarios públicos.
"La promoción personalizada o promoción de imagen de los servidores públicos debe estar prohibida y solamente debe permitirse publicidad del Estado en campañas de educación, protección civil y salud. El plazo para aprobar un reglamento al respecto ya transcurrió y se tradujo a un exceso; esto es un incumplimiento que jurídicamente considero una inconstitucionalidad por omisión", dijo Cárdenas Gracia.
El experto en Derecho electoral dijo que ante estos excesos de funcionarios, organizaciones de ciudadanos podrían unirse y solicitar un amparo contra esta omisión legislativa, que permite que los funcionarios se promocionen con el erario.
"Hay que exigir que se prohíba la promoción del Estado y de gobernantes disfrazada de entrevistas sobre su desempeño", destacó el experto.
Cárdenas Gracia expresó que si bien La ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) establece sanciones a servidores públicos y ciudadanos que violen la ley electoral (como promoverse con recursos públicos), estos preceptos solo aplican durante los procesos electorales, ya sea federales, estatales o municipales.
Por esa razón, el Instituto Nacional Electoral tampoco puede hacer gran cosa.
"Nosotros lo que podemos hacer es vigilar que no se realicen actos anticipados de precampaña y de campaña, pero no vamos a llegar al extremo, tenemos que reconocer que aún a los políticos no se les puede impedir hacer política ni reflexionar lo que está ocurriendo en el país", expresó Lorenzo Córdova, consejero presidente del órgano electoral.
INFRACTORES
Osorio Chong no es el único que aprovecha esta "travesura legal"; por ejemplo, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle apareció en revistas, programas de televisión y medios impresos a nivel nacional con el pretexto de difundir su trabajo.
Estoy listo para presentar mi trayectoria en la iniciativa privada, en lo legislativo y en el sector público @Javier_Alatorre pic.twitter.com/ahwi60QMjR
— Rafael Moreno Valle (@RafaMorenoValle) 27 de septiembre de 2016
Andrés Manuel López Obrador es otro de los aspirantes a la presidencia que ha sido criticado constantemente por su supuesta promoción de imagen mediante el partido Morena. El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México ha dicho que solo da a conocer la plataforma de la institución partidista que dirige:
Nos la volvieron hacer, pero ya falta menos. Estoy contando los días para que llegue el 18 y se acabe la robadera https://t.co/6rJ5liroM5
— Andrés Manuel (@lopezobrador_) 1 de agosto de 2016
Quien se metió en un problema con integrantes de su propio partido fue el dirigente del PAN, Ricardo Anaya. Exaliados políticos del joven como Gustavo Madero y la exdiputada federal Margarita Zavala le pidieron al líder panista que no tome ventaja de su cargo para explotar su imagen y posicionarse como aspirante a Los Pinos.
Responderemos a la confianza de los ciudadanos con compromiso y buenos gobiernos. ¡El cambio es contigo! pic.twitter.com/kwl2Tif2eq
— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 24 de septiembre de 2016