Los coordinadores parlamentarios de Morena, PVEM, PT y PRD de la Cámara de Diputados pidieron al Senado corregir la reforma constitucional para inhabilitar a posibles candidatos con antecedentes de violencia o que sean deudores alimentarios.
A través de un comunicado, se informó que los legisladores piden que la inhabilitación no sea retroactiva con hechos cometidos antes de la reforma y que la sanción tampoco sea para siempre.
De acuerdo con la información del periódico Reforma, la norma ya fue avalada en comisiones del Senado y es uno de los temas pendientes a discutir en estos días, antes del fin de periodo de sesiones, el 30 de abril.
En un escrito dirigido al presidente del Senado, Alejandro Armenta, los diputados solicitan tres cambios a la minuta.
Uno de ellos, adicionar un tercer artículo transitorio en el que se establezca que los supuestos de privación de derechos políticos para ser postulado a un cargo de elección popular, "iniciarán a partir de que la norma entre en vigor, por lo que no habrá aplicación retroactiva para el acto, hecho u omisión ilícita cometida antes de la publicación del decreto, tal como lo mandata el artículo 14, párrafo primero de la Constitución".
En los hechos, esto impediría que la reforma aplicara de inmediato y podrían ser candidatos en el 2024 hombres que tengan dichos antecedentes, por el hecho de haber cometido la falta antes de la reforma.
En el escrito también piden que en el artículo 38 se precise la proporcionalidad entre la conducta que se sanciona y el castigo.
También solicitan "establecer con claridad que la cancelación de derechos "no será de por vida", porque la Constitución establece que no debe haber castigos "excesivos".
Mencionaron que la exdiputada de MC, Martha Tagle, denunció que los integrantes de los diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) pretenden pasar por encima de la voluntad mayoritaria del Pleno y, en especial, de todas las diputadas que impulsaron la reforma llamada 3 de 3 contra la violencia.
La legisladora advirtió que no tienen ninguna facultad para andar pidiendo cambios a un proyecto de decreto, pues está fuera del proceso legislativo.