Con 399 votos a favor, 155 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional para extender hasta 2028 la participación de las fuerzas armadas en Seguridad Pública.
Tras más de cinco horas de discusión y una oposición fragmentada, Morena, PVEM y PT, aliada con el PRI y tres legisladores del PRD, consiguieron avalar el proyecto con las modificaciones enviadas por el Senado de la República y se turnó a los congresos locales para su ratificación.
Entre los cambios al artículo quinto transitorio del decreto que dio origen a la Guardia Nacional destaca la creación de una comisión bicameral del Congreso con facultades para citar a los secretarios de Gobernación, Seguridad, Defensa y Marina a fin de evaluar el cumplimiento de las condiciones previstas para la actuación militar en materia de seguridad pública.
La minuta devuelta por los senadores a la Cámara de Diputados establece igualmente que, a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo integrará un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para fortalecer las instituciones de seguridad pública locales.
Durante el debate en el Palacio de San Lázaro y al fijar la posición de Morena, el diputado Óscar Cantón negó categóricamente la militarización del país y señaló que dejar solos a policías municipales y estatales sería negligencia criminal.