Porque miles de niños se quedan sin la oportunidad de aprender por la ausencia de maestros en las aulas
Cuando los mexicanos se niegan a aceptar la ilegalidad como algo normal, suceden cosas históricas.
En junio de 2015, la dirigencia de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llamó a un paro magisterial en oposición al “proceso electoral y evaluación docente”, dejando a miles de niños en Oaxaca sin clases durante 12 días hábiles en el ciclo escolar 2014-2015.
Pero tres menores y sus familias no se quedaron de brazos cruzados y exigieron que se les garantizara el derecho a la educación, por lo que solicitaron apoyo de la organización Mexicanos Primero y su brazo jurídico Aprender Primero.
La ley estaba del lado de los inconformes: el artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establece que los maestros que incumplan con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos en un periodo de 30 naturales sin causa justificada, serán separados del servicio.
Por tal motivo, los menores y sus familias, a través de Aprender Primero, interpusieron una demanda de amparo en contra de autoridades federales y estatales encargadas de la educación en Oaxaca.
Durante el juicio, las autoridades presentaron constancias para demostrar que 60 docentes que inasistieron a clases acudieron a un curso llamado “metodologías globalizadoras para el aprendizaje en la escuela primaria”.
Pero hace unos días y en un hecho inaudito, un juez federal determinó que los 60 profesores no debieron sacrificar el interés de los menores por un “supuesto” curso urgente, y aseguró que “estas constancias generadas por las autoridades de educación atienden a una invención con el ánimo de justificar el ausentismo laboral, simulación que resulta una ofensa para la justicia federal y que no puede ser permitida”, informó Juan Alfonso Mejía López, director general de Mexicanos Primero.
La organización ciudadana exigió este jueves a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al Instituto Estatal de Educación Pública en Oaxaca (IEEPO), demostrar que separaron del cargo a los maestros que se ausentaron durante 12 días hábiles sin justificación, tal y como lo resolvió un juez federal en primera instancia.
"El juez determinó que no existen razones fundadas ni suficientes con las que se justifique el abandono de labores de los docentes adscritos a la escuela primaria, y que no es aceptable que las autoridades del IEEPO hayan omitido cumplir con las atribuciones que la ley les otorga. Al incumplir dichas obligaciones, incurrieron en una violación directa al derecho a la educación, el cual tiene fines claramente establecidos en la Constitución y tratados internacionales", dijo Mejía López.
El director general de Mexicanos Primero informó que si bien esta resolución es en primera instancia, lo que significa que las autoridades aún pueden impugnar, el juez ordenó al titular de la SEP y a diversos funcionarios del IEEPO a que en los 20 días posteriores a la resolución definitiva, demuestren que separaron del servicio a los docentes.
"Esta sentencia es histórica porque se empodera a todos aquellos maestros que rechazan, una y otra vez, el hostigamiento del cuál son víctimas por parte de los líderes sindicales de la Sección 22 y abandonados a su suerte por la indiferencia de los funcionarios responsables. Ningún docente tiene porque asistir a marchar en contra de su voluntad mientras que, quienes lo hacen de manera injustificada, afectando el derecho de los niños, perderán su empleo", agregó el director general de Mexicanos Primero.
La organización hizo un llamado a las autoridades para cumplan con sus atribuciones a fin de garantizar que se aplique la ley a los docentes que violaron el derecho de los niños en Oaxaca; de lo contrario, que expliquen las razones por las cuales no consideran que tienen la obligación de cumplir con lo que manda la ley.
Además, Mexicanos Primero hizo un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca a proteger la integridad y derechos de la quejosa ante cualquier tipo de represalia.