¡Esto no le va a gustar a Claudia Sheunbaum! En conferencia de prensa, el abogado Cristopher Estupiñan, quien representa a algunas de las víctimas del choque de dos trenes en la Línea 3 del Metro, informó este lunes que, ante las constantes fallas registradas en la red, así como ante lo que considera inacción del gobierno local para atender a las personas lesionadas, solicitó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que pida a su gobierno emitir una alerta de viaje a la CDMX.
“(Solicitamos al embajador) que emita una alerta de viaje para que se le informe a los ciudadanos americanos sobre los riesgos inminentes que implica utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC)”, dijo.
El gobierno de Estados Unidos emite alertas de viaje para aquellos puntos del mundo que considera peligrosos para sus ciudadanos, por motivos como violencia causada por grupos criminales, inestabilidad social u otros factores.
Estupiñan señaló que sus representados también buscarán que se reponga la audiencia inicial en contra del conductor de uno de los trenes siniestrados. Dicha audiencia se celebró el viernes y las víctimas no fueron convocadas, reclamó.
“(La) Fiscalía, en claro contubernio con el STC, ha decidido de manera deliberada violentar los derechos de las víctimas, pasar por encima de quien tengan que pasar, romper completamente el derecho de las víctimas (…) para buscar contener lo que ellos consideran una crisis política”, acusó.
El sábado 7 de enero, hacia las 9:16 horas, dos trenes del Metro chocaron entre las estaciones Potrero y La Raza, un hecho que cobró la vida de una joven de 18 años y dejó a 106 personas heridas.
Respecto de la investigación del siniestro que llevó a cabo la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), que concluyó que el choque de los trenes fue a causa de falta de pericia del conductor y que el robo de cable afectó los sistemas de señalización y comunicación, el litigante dijo que con los resultados presentados hay más preguntas que respuestas, por ejemplo, qué hacía un tren parado a mitad del camino.
El abogado también acusó que las autoridades capitalinas aplican un modus operandi que consiste en callar a las familias de las personas afectadas, opacar las investigaciones y, “a través de golpes de autoritarismo, evitar que se toque al Sistema de Transporte Colectivo”.