Andrés Manuel López Obrador ha dedicado buena parte de las dos mañaneras de esta semana a fraguar la posibilidad de que el atentado en contra de Ciro Gómez Leyva haya tenido como objetivo el dañar al Presidente de la República y/o su movimiento.
De cuantas posibilidades hay abiertas sobre el ataque del jueves en la noche, ésa es la versión a la que el tabasqueño dedica más (o casi exclusivamente) su atención.
“Cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto”, dijo ayer López Obrador.
Si partimos de la obligación de las autoridades de tener abiertas toda clase de líneas de investigación sobre posibles móviles, en efecto ésa pudo ser una de las motivaciones de los criminales.
Con lo anterior en mente, si en una situación similar –un ataque a un periodista– la autoridad investigadora enfrenta escepticismo por sus malos antecedentes en cuanto a efectividad (que no datan de este sexenio), y por la eventual posibilidad de conflicto de interés si surgieran pistas de que algún elemento incrustado en el poder hubiera tenido la peregrina idea de atentar en contra de la vida de un comunicador, ¿qué decir de un caso que ocurre en medio de la estridente polarización político-mediática que vivimos?
El gobierno ha de ser garante de la procuración de la justicia. ¿Se puede esperar que eso ocurra cuando el Presidente mismo ha dictado desde el lunes que se debe descartar la línea que implica investigar al gobierno?
Ese día, AMLO dijo que le pidió “a la jefa de Gobierno que se haga una investigación a fondo para saber qué sucedió, no descartar ninguna hipótesis. Yo creo que la única hipótesis que se debe de descartar, aunque eso va a corresponder a la autoridad, es que nosotros, el gobierno que yo represento no es un gobierno represor”.
En ese contexto, y dado que sería ingenuo esperar que la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, actúe de forma autónoma a lo que pretende el Presidente, si lo que se busca es dar certidumbre a la sociedad sobre lo que ocurrió en la colonia Florida en contra de Gómez Leyva, el gobierno debería nombrar una fiscalía especial para el caso.
Ello porque la conmoción que el ataque ha provocado sólo se puede subsanar con justicia a prueba de toda suspicacia, y porque el propio López Obrador ha pisoteado la distancia que se espera de parte de la máxima autoridad a fin de que nadie influya en el ánimo de los investigadores, de que nada prefigure un resultado, de que ninguna, ni una sola, de las líneas de investigación sean descartadas sin haberse agotado cada pista, cada hipótesis, cada posibilidad.
López Obrador no puede exculpar a su gobierno. Dicho de otra forma: una administración que no se investiga a sí misma no es más confiable que aquella que se declara exenta de vicios o de miembros que pudieron haber incurrido en abusos o ilegalidades.
El Presidente no es el gobierno. Ni él conforma a toda la administración pública federal. A él, antes que a nadie, le conviene que quede establecido que una fiscalía creíble ha encontrado a los responsables sin que haya mediado o influido nadie en sus decisiones o procedimientos.
Una fiscalía especial, si es nombrada con genuino ánimo y recursos suficientes para hacer justicia, fortalecería a López Obrador. Incluso daría credibilidad, de ser el caso, a la hipótesis de que se atentó contra un periodista para dañar a un gobierno.