La expresión es común entre analistas políticos y especialistas en materia presupuestal: todo presupuesto público es expresión de las prioridades de un gobierno. Ahí se plasma con mayor claridad que casi en cualquier otro instrumento de política qué quiere lograr una administración y cómo quiere conseguirlo.
El énfasis en el tema de las prioridades desdibuja otros acentos que también devela un presupuesto: las exigencias y restricciones que tienen las instituciones dada sus estructuras y funcionamiento, y las obligaciones legales que mandatan cumplir con un conjunto de responsabilidades. En otras palabras, un presupuesto público no solo señala prioridades reales de un gobierno o institución, también obligaciones legales puntuales, y necesidades organizacionales y operativas.
Digámoslo así: el presupuesto ayuda a vislumbrar tanto la ruta de navegación que se propone una administración como los atributos, necesidades y obligaciones de la nave que sigue esa ruta y de su tripulación.
Un simple análisis del presupuesto aprobado por el Consejo General del INE en noviembre de 2018 permite comprender las proporciones, magnitudes y alcances de su labor y de los recursos de que dispone. Sobre todo permite valorar el tamaño de la afectación provocada por la decisión de la Cámara de Diputados de recortar el presupuesto del Instituto en 950 millones de pesos (mdp), el cual fue aprobado y publicado con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el 24 de diciembre de 2018.
El Consejo General del INE aprobó un presupuesto total para 2019 por 11,347 mdp. De este monto, el INE contempló 619 mdp para organizar las elecciones locales de este año en Aguascalientes, Baja California (incluyendo su gubernatura), Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Ese monto equivale a 5.5% del presupuesto total del INE pero significa el 51% de la Cartera de Proyectos del Instituto, integrada por todas aquellas actividades temporales previstas para llevarse a cabo solo en 2019. Considerando este monto, el recorte aprobado en la Cámarade Diputados por 950 millones sencillamente anula la posibilidad de llevar a cabo las cinco elecciones locales referidas en 2019.
La amnesia es traicionera y por eso hay que recordarlo: ¿por qué el INE participa en la organización de elecciones locales? Esto es resultado directo de la reforma constitucional y legal aprobada por el Congreso en 2014, que nacionalizó los procesos electorales en el país e hizo que el INE tuviera a su cargo, en elecciones locales, aspectos centrales como el padrón y la lista nominales, la ubicación e integración de casillas y la capacitación de los ciudadanos que son sorteados como funcionarios de casilla. Los órganos electorales locales tienen otras funciones y ambas instituciones, nacional y estatal, colaboran en la organización de las elecciones.
Ahora bien, si se considera solo el presupuesto base del INE, que representa 89% (10,141 mdp) de su presupuesto total y que se destina a actividades permanentes, más de la mitad de ese monto (60%) se canaliza al funcionamiento y operación de las instancias desconcentradas del INE: las juntas ejecutivas locales (32) y distritales (300).
Las juntas son claves en el diseño institucional del INE y fundamentales para su operación. Ahí laboran los servidores públicos del INE que tienen a su cargo instrumentar en campo, en el día a día, el conjunto de responsabilidades institucionales y decisiones vinculadas a las elecciones, la renovación de las credenciales para votar, el apoyo en la fiscalización de recursos de partidos, entre otras. A ese universo fundamental de la institucionalidad electoral del INE se destinan, insisto, 6 de cada 10 pesos del presupuesto base (o si se quiere, 50% del presupuesto total del Instituto).
La credencial para votar no solo es uno de los instrumentos que materializa el derecho al voto, que garantiza el INE, sino también, en los hechos, es el medio que permite, dada su robustez, seguridad y uso más extendido, la posibilidad de ejercer el derecho a una identidad (y, de esa forma, también facilita en muchos casos hacer trámites y acceder a bienes y servicios públicos y privados).
La actualización de padrón electoral y la expedición de la credencial para votar en 2019, requiere de 3.3 mil mdp, lo que equivalente a 29.2% del presupuesto total del INE, el aprobado por su Consejo General en noviembre de 2018. Este monto supone en parte actualizar y preservar la integridad de la base de datos biométricos más grande e importante del país,la misma que ha permitido al sector financiero del país instrumentar protocolos biométricos para reforzar el combate al robo de identidad y el fraude, o ayudar a la identificación de personas desaparecidas y cadáveres o restos humanos.
Solo como ilustración de la magnitud del recorte aprobado por los diputados al presupuesto del INE y sus implicaciones, dicha reducción supondría reducir en 28.7% los recursos destinados a la credencialización, tarea central para el Estado mexicano y para la ciudadanía. Es muy probable que la tecnología permita en un futuro próximo reducir los costos de la credencialización, pero este proceso requiere de planeación, atención y cuidado, a lo que no contribuye un recorte presupuestal abrupto y sin cálculos.
El presupuesto aprobado por el INE para 2019 implicó, tal como se anunció en su momento, un esfuerzo sin precedente de racionalidad y ahorro. Las proporciones y magnitudes han circulado ya profusamente, pero es preciso tenerlas presente: fue 5% más bajo que cualquier otro presupuesto presentado en su historia; 34.7% menor al de 2018, e incluyó una reducción de 38% en las remuneraciones de los consejeros electorales.
Todas y cada una delas áreas del INE hicieron análisis cuidadosos y responsables, pero al final efectivos, para reducir gastos donde era posible sin comprometer el cumplimiento de las obligaciones legales. El esfuerzo institucional tomó meses porque una labor de reducción del gasto público en instituciones como el INE, que desempeña una función especializada y su trabajo tienen un impacto sensible en la vida pública, debe seguir una ruta de análisis riguroso, con bisturí.
¿Cuánto le cuesta al erario público el funcionamiento de la institución encargada de garantizar el ejercicio del derecho al voto de los mexicanos? El presupuesto aprobado por el INE equivale a 19 centavos de cada 100 pesos del total del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se trata de un “costo” que difícilmente puede considerarse alto o caro en sí mismo y menos aún si se le contrasta con el valor público que el Instituto y todos los que en el trabajan le aportan a la sociedad mexicana.
El análisis de las proporciones y magnitudes del presupuesto del INE, de las tareas a su encargo y del recorte aprobado por la Cámara de Diputados muestran con nitidez el grave alcance de una decisión parlamentaria que en nada abona y mucho afecta al fortalecimiento de instituciones que han permitido y facilitado las condiciones mismas de alternancia política que fueron posibles el 1 de julio de 2018.