Rosario Robles mostraba enjundia al iniciar la semana. “Estoy aquí para demostrar mi inocencia y confío plenamente en la autonomía del Poder Judicial”, dijo el martes por la tarde, minutos antes de comparecer por segunda ocasión ante el juez.
“Como siempre se los he dicho, con las faldas bien puestas, tomando al toro por los cuernos y dando la cara”. Sus abogados le habían dicho que con seguridad la iban a vincular a proceso, pero que no se preocupara porque estaba todo arreglado para que no fuera a la cárcel y se defendiera en libertad.
Robles se los creyó, le entregó a una persona que estaba vinculada con la defensa dos millones de pesos y tomó un avión a Europa para irse de vacaciones con su hija. A su regreso descubriría cuántos la traicionaron.
En la parte más sórdida de la semana donde Robles perdió su libertad, se encuentran dos episodios desconocidos cuyos detalles han comenzado a emerger del círculo cercano a la exsecretaria de Estado.
Ella estaba preocupada por las acusaciones que estaba preparando la Fiscalía General por el caso popularmente conocido como La Estafa Maestra, aunque públicamente mostraba una imagen diferente.
La ausencia de huellas en los documentos donde presuntamente se probaban triangulaciones con universidades y empresas fantasma, mediante las cuales se calculaba un daño al erario por más de cinco mil millones de pesos, le daba tranquilidad.
No sabía en ese momento que dos exfuncionarios que trabajaban con ella, habían declarado en su contra, inculpándola del delito. Y uno más, de quien jamás hubiera imaginado una puñalada, sospecha Robles, probablemente también la entregó, Emilio Zebadúa, su oficial mayor y quien presuntamente armó el enjambre financiero del presunto delito.
Tampoco que dentro de su equipo de abogados le hicieron creer que ya habían negociado con las autoridades.
Cercanos a Robles revelaron que los abogados le dijeron que con dos millones de pesos podían comprar a los fiscales para que pudiera defenderse en libertad.
La persona que le decían cooperaría con ella tenía un alto cargo en la Fiscalía General. Lo identificaron como Juan Ramos López, quien fue nombrado originalmente por el fiscal Alejandro Gertz Manero al frente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, y que a la salida de Felipe Muñoz de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a fines de mayo, fue trasladado a ese cargo.
Ramos López no es una persona bisoña. Fue subsecretario de Seguridad Pública cuando Gertz Manero encabezó la dependencia en la primera parte del gobierno del presidente Vicente Fox, y trabajaron cerca durante los 18 últimos años.
Al llegar Gertz Manero a la Fiscalía no hizo cambios inmediatos en ciertas áreas delicadas. Uno de los que parecía haber sobrevivido el cambio de gobierno fue Muñoz, que había sido un dique para las investigaciones.
Tan pronto como fue relevado, todas las averiguaciones sobre funcionarios federales se destrabaron. Inclusive, se descongelaron pesquisas que realizó el SAT y que se encontraban archivadas desde hace cuando menos tres años, como la de Robles, Zebadúa y sus cercanos.
Si Ramos López había aceptado dos millones de pesos, como le hicieron creer, Robles podía sentirse tranquila sobre su futuro mediato, por lo que no regresó de Italia, donde se encontraba, hasta 72 horas antes de ir a comparecer el lunes al Reclusorio Sur, por Xochimilco.
En esa idea debe encontrarse una de las razones subjetivas de su reacción y la de sus abogados, cuando el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna estimó que debía ser enviada a prisión.
De acuerdo con sus allegados, Robles no entendía por qué si se había pagado a un alto funcionario para que la protegiera, no lo había hecho.
La primera reacción de la defensa tras la decisión del juez fue explosiva, acusando al juez y al Poder Judicial de haberse erigido en un tribunal de Estado.
Poco a poco, Robles se fue dando cuenta de que la habían timado, aunque en su entorno no pueden ubicar con precisión el momento o el día. Lo que sí les quedó claro es que el subprocurador Ramos López no estuvo involucrado en ningún menjurje de esa naturaleza –de haber revisado sus antecedentes, se habría dado cuenta que esa posibilidad nunca iba a existir– y que el dinero que entregó, nunca llegó ni a la Fiscalía ni al juzgado.
El engaño a Robles no ha alcanzado aún sus últimas consecuencias. Se combina con la decepción de sentirse abandonada.
La exsecretaria, que se enfrentó con la parte tecnócrata del gabinete de Peña Nieto, buscó apoyo en el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Su relación se fortaleció y tejió amistad con su esposa y con la hoy senadora Nuvia Mayorga.
Uno de sus abogados, Juan Antonio Hernández Barros, trabajó con Osorio Chong como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y dos de los testigos que declararon en su contra, también pertenecían a ese grupo político.
No está confirmado quién le mintió a Robles sobre el subprocurador Ramos López, si es parte del equipo hidalguense o está relacionado con el otro bloque de abogados, encabezado por Xavier Olea. Pero detalles de cómo la entregaron están fluyendo y, según sus cercanos, la ha llenado de incertidumbres.
La última es sobre el rol de Zebadúa, que está amparado. Información que le allegaron esta semana indica que su amigo entrañable y viejo colaborador también está cooperando con la Fiscalía General para inculparla, lo que sería el equivalente al tiro de gracia.
Estamos atestiguando que la parte oscura de su proceso es más violenta que el juicio mismo.
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