El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el informe sobre el caso Ayotzinapa dado a conocer el 19 de agosto pasado, donde una veintena de militares –dos de ellos generales– fue vinculada con la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de la escuela en Iguala hace ocho años, fue revisado por él y autorizado para que se difundiera. Implícitamente aprobó que se solicitaran las órdenes de aprehensión contra todos ellos. Ese mismo día, la Fiscalía General anunció que había pedido al juez 83 órdenes de aprehensión, incluidos los militares. Cinco semanas después, sólo cuatro fueron cumplimentadas. ¿Por qué? Porque, dijo el Presidente, no venían en el informe.
Es una mentira. Por obvias razones, en el documento no se incluyó la lista de personas sobre las cuales se pediría la orden de aprehensión, porque eso le correspondía al Ministerio Público, no a la comisión presidencial que encabeza el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Sin embargo, a partir de lo que señaló el informe, Encinas pidió a la fiscalía que las solicitara. La cancelación de prácticamente todas no pudo ser explicada claramente por el Presidente, quien, podría decirse, cantinfleó. La proclividad a la propaganda más que los hechos verificados y verificables, llevada a niveles nunca vistos por un Presidente, se ha convertido en un búmeran para el propio gobierno.
Encinas había levantado las expectativas de que lo harían, alineado a la narrativa de que este gobierno sí hace las cosas que el anterior no. Pero hasta ahora, fuera del discurso político, las cosas que sí se están haciendo es repetir violaciones a la ley, como las que imputa a Tomás Zerón, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal que piensa Encinas es clave para solucionar completamente el caso. En su obsesión por culpar al Ejército del asesinato de los normalistas para justificar su descripción de “crimen de Estado”, Encinas está cometiendo actos ilegales.
El primero verificable fue en agosto de 2020, cuando por gestiones del subsecretario, Eliseo Villar Castillo, que era dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria cuando desaparecieron los normalistas, fue trasladado irregularmente de un penal en Chilpancingo, a uno en Morelos, para que le ayudara en el caso Ayotzinapa. Villar Castillo estaba preso en Chilpancingo desde 2015 por robo calificado y secuestro, y en 2019 afirmó que tenía información clave sobre el destino de los normalistas. Tres días después de haber hecho esa declaración, fue movido de cárcel. Encinas justificó el cambio, minimizando la irregularidad o ilegalidad, porque le había aportado información sobre el paradero de los normalistas desaparecidos en Iguala.
Hasta hoy, esa información no ha dado resultados tangibles que se conozcan. Sin embargo, el modus operandi de Encinas fue similar a uno de los momentos paradigmáticos de la investigación del exprocurador Jesús Murillo Karam, el 27 de octubre de 2014, cuando Zerón sacó de las instalaciones de la PGR, de manera ilegal, a Agustín García Reyes, el Chereje, matón de Guerreros Unidos que participó en el crimen, para llevarlo a Cocula y que le dijera dónde estaba el basurero donde, según una llamada “anónima” el día anterior, habían sido asesinados e incinerados los normalistas. Encinas actuó como Zerón en su momento, usurpando las funciones del Ministerio Público.
Hace una semana se refirieron en este espacio las violaciones constitucionales en las que ha incurrido el subsecretario, poniendo en riesgo toda la investigación del caso Ayotzinapa. Pero Encinas ha ido mucho más allá que todos: violó secretos de Estado, aliándose con extranjeros, lo que podría tipificarse como traición a la patria, documentado en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, en marzo pasado, cuando dio a conocer un video grabado por un dron de la Marina el 27 de octubre de 2014, que, dijeron, demuestra que los marinos manipularon el basurero de Cocula, donde se presumía que un mes antes habían sido incinerados los normalistas. Ese video lo entregó el secretario almirante de la Marina, Rafael Ojeda, por instrucciones presidenciales derivadas de la gestión de Encinas, y a petición del GIEI.
La difusión del video por parte del GIEI mostró dos delitos. El primero de orden jurídico, que no es menor, pues la difusión de ese material fue hecha a espaldas de la Fiscalía General de la República, que no estuvo al tanto de lo que hizo Encinas. Al haberlo hecho el subsecretario, detentó funciones de Ministerio Público, por lo cual una prueba para el caso se contaminó. Encinas rompió la cadena de custodia del material, que es otro delito. Él y quien recibió oficialmente el video transgredieron la ley. En el capítulo de seguridad nacional, el subsecretario violó secretos de Estado al difundirlo y entregarlo a una entidad extranjera.
En este espacio se publicó en marzo cuál fue la razón por la que se empleó ese dron, que forma parte de un programa secreto de la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, que habla del Grupo Arcturus T-20, que hizo la grabación. Arcturus es un programa de inteligencia naval de aeronaves no tripuladas, y era considerado como uno de los secretos mejor guardados, porque es una herramienta que salva vidas. El secreto fue revelado en la página 21 del informe del GIEI.
Encinas parece no haberse dado cuenta aún del problema en el que está metido. El GIEI, sí. En agosto pidió al gobierno de México inmunidad total –incluida contra detención o arresto personal– como condición para retomar las investigaciones del caso Ayotzinapa. No se sabe si se la dieron, porque todo es posible en este gobierno. El respaldo incondicional del presidente López Obrador a Encinas, el viernes pasado y ayer, lo demuestra. Qué importa la ley; lo que cuenta es la narrativa. Qué importa sacrificar a quien sea, si él es quien se salva. Sin embargo, la administración de expectativas se metió en un espacio de alta turbulencia, donde las ilegalidades de Encinas dejan al Presidente en apuros.