Lo publicado en este espacio, el 19 de enero de 2015, se mantiene 26 meses después: Elba Esther Gordillo es prisionera política del presidente Enrique Peña Nieto.
El viernes pasado se le volvió a negar el beneficio de la prisión domiciliaria para que ahí, por razones de edad, enfrentara el proceso que se le sigue.
Hasta ahora, ninguno de los delitos por los que se le acusa se ha probado, y está en la cárcel porque los jueces avalan el argumento de la PGR, de que puede escaparse.
Para un gobierno al que uno de los gobernadores consentidos de Peña Nieto, Javier Duarte, de Veracruz, se le fugó hace más de 150 días y dicen no saber en dónde se encuentra, y permitió que por razones de salud pagara su condena en casa uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, la forma como se enfrenta a la maestra Gordillo en tribunales toca la sevicia.
La maestra fue detenida cuando varios miembros del gabinete, tras una reunión en Los Pinos donde analizaron la entrevista que le dio a Adela Micha días antes, alegaron que Gordillo había llegado a un punto sin retorno en la confrontación con el gobierno y que, con ella al frente del magisterio, la reforma educativa no iba a poder ser concretada.
Las voces que alertaron que el problema no era ella, sino la Coordinadora magisterial, fueron ignoradas. La decisión, que aún sin gustarle, la ordenó Peña Nieto, fue como para un criminal de alta peligrosidad: un comando de la Marina la detuvo en el aeropuerto de Toluca en febrero de 2013, donde aterrizó en víspera de viajar a Guadalajara, con una artimaña que le tejió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Desde enero de 2015, las cosas no han cambiado mucho en la sustancia del caso. El expediente mantiene las mismas fallas, omisiones y errores tan grandes como inexplicables.
En aquél entonces se planteó: “El pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el ministerio público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y de la PGR.
Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación.
“No es el único desaseo. El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se montó el de delincuencia organizada, no tiene sustento legal. Los recursos que, según SAT y la PGR, movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de maestros, no tienen una procedencia ilícita.
Provienen de los maestros, que, a su vez, recibieron sus dineros del gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no ha presentado, hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra.
“La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no existe la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda. Esta inconsistencia en el expediente es una de las más grotescas de todo el caso, que arranca con la averiguación previa el 13 de febrero de 2013, una vez que, establece, recibió la querella –la inexistente–, en forma de imputaciones.
“La querella que señala el acuerdo del ministerio público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se precisa su cargo.
Esta ambigüedad no es relevante, dado que hay dependencias donde por razones de seguridad no se identifica la posición o el nivel de quien lo porta.
“Lo que sí es fundamental, es la Constancia número 32, firmada por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora de Recursos Humanos y Materiales de la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde afirma que Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013”.
¿Cuál es el problema? Que la averiguación previa está fechada el 13 de febrero de 2013, al dar entrada el ministerio público a una denuncia suscrita por un funcionario que no tenía su personalidad ni representatividad legal acreditada en el momento que la presentó.
A partir de esa querella, el ministerio público ordenó solicitudes oficiales al gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y pidió dentro del gobierno federal información para respaldar el caso. Aun así, la maestra ha ido derrotando a la PGR en tribunales.
Dentro de la PGR no hay mucha convicción de que pueden mantenerla en la cárcel, con la imputación por defraudación fiscal interpuesta en octubre de 2014, parte del expediente cuestionado, pero no se trata de la ley, sino de que no salga de prisión, ni siquiera domiciliaria, por razones políticas.
No aceptan en el gobierno que así se le llame, pero no hay argumentos que sostengan lo contrario.