La historia de los órganos constitucionalmente autónomos tiene una parte que es mítica.
Algunos imaginan que la democracia mexicana se levantó y dijo: “quiero órganos autónomos que queden en la Constitución en tales y cuales asignaciones para lograr un balance de poderes”.
La realidad es que no fue así.
Tanto, que hay muchas personas que creen que todos los órganos que están en la lista propuesta por Morena para su desaparición tienen autonomía constitucional.
No es el caso.
La construcción de un grupo de órganos constitucional o técnicamente autónomos ocurrió sobre todo en la época de las presidencias panistas, y fue respaldada por las legislaturas priistas, que entonces tenían el control del Senado y veían en los procesos de ratificación un espacio para usar su poder.
En realidad, de los siete órganos que aparecen en la iniciativa de reformas, son tres los que están con autonomía constitucional.
El IFT, la Cofece y el INAI, son los que están en esa circunstancia.
Los otros no tienen autonomía constitucional, sino de carácter técnico.
Hoy, lo más probable es que, en la Cámara de Diputados, se vote la iniciativa para eliminarlos.
Hay ruido y podría haber un solo órgano dedicado a la competencia, que fusionara a la CFC y al IFT en esa materia. No lo sabemos aún, hasta la tarde de ayer.
Sabemos que su desaparición quizás nos cueste en reclamos de EU y Canadá, en el marco del TMEC, y sobre todo es erosión de la confianza. Aunque no sabemos cuánto.
En los procesos parlamentarios, además de este tema, en paralelo están corriendo los plazos de la convocatoria para renovar el Poder Judicial.
Ya se abrió la opción para que todos los que quieran concursar, se inscriban y busquen los respaldos legítimos.
Ayer, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, señaló, en el programa de Ciro Gómez Leyva, que solo para la Corte, habría 81 candidatos.
Y que los electores tendrían que escribir los nombres de los que quieran que formen parte de la Corte.
Se trata obviamente de un esquema inoperable.
Toda la retórica relacionada con la elección popular de los integrantes del Poder Judicial y el ejercicio democrático que se hará, se viene para abajo en cuanto se observa la dificultad técnica.
La participación ciudadana en una elección complejísima, en la que la mayoría de la población que participe va a ir a ciegas, será mínima.
En ese cuadro, no resulta sorprendente que la más reciente de las ministras, Lenia Batres, sea quien está sumando respaldos de la base de Morena —pero, recuerde que no es una elección partidista— no solo para ser ratificada en la Corte, sino para sumar los votos necesarios para convertirse en presidenta del Poder Judicial los próximos dos años.
Luego van a preguntar cuál fue la razón por la que se cayó la economía.
A esta hora de la noche, todos los indicios señalan que Rosario Piedra será reelecta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Por un momento, el Senado pretendió ejercer su decisión con autonomía y la puso donde debía estar: al final de la tabla.
La operación política llegó a rescatarla para sustituirla por quien sí tenía méritos.
En este caso, lo relevante no era ni la formación ni el conocimiento. La clave era el sometimiento a AMLO.
En cierto momento, la presidenta de la Comisión en la CDMX, Nashieli Ramírez, parecía perfilarse, siendo una pieza de la presidenta Sheinbaum.
Pero, a cierta hora de la noche, llegó el frenón: es decisión de Estado que sea Rosario, fue el mensaje de Adán Augusto. Y ya saben de dónde viene.
¿Cuántas más le tolerará Claudia a Andrés?