Como cualquier niño de ocho años, Miguel Ángel solía pasar el tiempo fuera de su casa jugando con otros niños de su edad. Un día normal de juegos, un 26 de enero de 2008, Miguel Ángel tuvo un accidente: cayó al río que se encuentra cerca de su casa.
Los testigos del percance lograron sacarlo con vida del caudal de agua, pero lamentablemente la historia no terminó ahí. Miguel Ángel no se lograba reincorporar del todo, presentaba vómitos, alucinaciones y varios malestares más. Su familia lo llevó al hospital y el personal médico que atendió a Miguel Ángel determinó que presentaba una severa intoxicación por arsénico. El 13 de febrero, hace doce años, Miguel Ángel murió tras dos semanas de dolorosa agonía.
Una tragedia que permanece en impunidad. Un niño de ocho años fue asesinado por la contaminación del Río Santiago en Jalisco. El veneno fue provisto por las descargas industriales y agrícolas, provino de las tranzas a gran escala, de la insuficiencia de inspectores, de la inacción y el desinterés gubernamental por las vidas de quienes tienen su casa en los municipios aledaños al río.
Las muertes continúan. Los habitantes que viven cerca de este caudal sufren todos los días de males estomacales y respiratorios, de insuficiencia renal y cáncer.
Frente a esta emergencia de salud pública, pobladores de diversos municipios se han organizado para denunciar la situación y exigir medidas concretas para acabar con esta depredación del medio ambiente y el cuidado de las vidas. Sin embargo, pasan los años, las administraciones municipales, y el veneno permanece en el río.
Los gobernantes han tratado de minimizar la relevenacia de la emergencia. Se han pasado la bolita e incluso han tratado de ocultar información que da cuenta de la gravedad del asunto. Que si la contaminación viene de “aguas arriba” o “de otro periodo”, que si “se trata de una atribución de otra esfera gubernamental”. Todo para evitar asumir la responsabilidad en el tema: el río más contaminado del país cada día empeora, el agua envenenada por la acción humana sigue matando cada vez a más con total impunidad, mientras algunos se vuelven más ricos porque se “ahorran” unos centavos en el tratamiento de sus desechos.
La condición de los ríos y lagos de nuestro país es un reflejo de la relevancia que tiene la vida, del respeto a la ley y de las convicciones para el gobierno en turno. El desinterés para aplicar las normas en materia ambiental muestra de cuerpo completo a quienes llegan al poder para enriquecerse, empecinados en ganarse el favor de los acaudalados, desdeñando la salud de quienes menos tienen y poniéndole precio a la vida de los demás.
Pero puede haber otro camino. Las voces de pobladores, movimientos, universidades y organizaciones ambientalistas han vertido un sinfín de propuestas para acabar con las problemáticas que se padecen. El reto ya no es el de buscar alternativas, sino el de construir un proceso político que escuche, se sensibilice y atienda con prontitud estas demandas y propuestas.
Hay que escuchar estas voces que proponen nuevos estándares industriales y ambientales y que incluso pugnan por la reubicación de algunas plantas asentadas en las orillas del río. Hay que aceptar la emergencia de salud pública que se vive e instalar un sistema integral de clínicas y hospitales que prevengan y atiendan a la población. Es necesario generar un sistema de infraestructura para el tratamiento, aumentar el personal que vigila las descargas en el río y acabar con la colusión entre intereses privados que pasan sobre la ley y las autoridades.
Este problema, se repite en la inmensa mayoría de nuestro país con minas, campos agrícolas o fábricas. Por ello, es claro que no será solucionado por un actor, partido o gobierno. Conviene también que asuman la responsabilidad todos los niveles de gobierno. Por Miguel Ángel y miles de personas más, es tiempo de dejar a un lado las mezquindades políticas y hacer un esfuerzo en todo el país por acabar con este mal que se presenta por todo el territorio nacional.