Fracasó el asalto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Una mayoría de sus integrantes resistió de manera ejemplar la maquinación orquestada desde el Poder Ejecutivo federal para tomar la presidencia del máximo tribunal.
Perdió la candidata del gobierno, Yasmín Esquivel Mossa, y también perdió su plan B, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Y en la otra elección realizada ayer, la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), ganó el magistrado Guillermo Valls Esponda, atacado sin argumentos por los voceros del gobierno.
Fue un mal día para el presidente López Obrador, pero fue una gran jornada para México.
La primera presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, no es una ministra anti-AMLO ni anti-4T.
Ella es una juez, no una militante.
Ahí está todo lo que se necesitaba: una juzgadora sin compromisos ideológicos ni de grupo en el ejercicio de sus tareas.
El punto está en que no ha votado en favor de validar las iniciativas anticonstitucionales del Ejecutivo.
Y eso, a ojos del fanatismo gobernante, la ubica como “adversaria”.
Norma Piña no es una enemiga del Presidente, sino que ha votado como lo haría cualquier juez constitucional decente.
Ha votado en defensa de la Constitución.
Y ya con defender la Constitución cualquier ministro es considerado traidor o adversario personal del actual titular del Poder Ejecutivo.
Horas antes de la votación en la Corte, el Presidente dijo en la conferencia matutina que dos (de los cuatro) ministros propuestos por él, le dieron la espalda, “no al Presidente, sino al proyecto”.
Los integrantes de la Corte no tienen ni deben tener más proyecto que la Constitución.
Dada la trayectoria de la recién electa presidenta de la Corte, persona de prestigio en el Poder Judicial, donde ha hecho su carrera, no oiremos de Norma Piña declaraciones políticas tronantes contra nadie.
Pero tampoco va a congelar acciones de inconstitucionalidad para evitar que se moleste el Presidente.
Ayer por la mañana AMLO colmó de insultos a los ministros de la Corte, salvo a las “honrosas excepciones” que no llamó por su nombre, pero obviamente se refería a tres de sus incondicionales, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar.
Del titular del Ejecutivo sólo podemos esperar, hoy por la mañana, un saludo amable, meloso quizá, a la nueva titular de la Corte.
Y en las ocasiones siguientes oiremos los ataques despiadados y sistemáticos que usa contra quienes no se doblegan a su voluntad.
Lo más importante de ayer, hay que subrayarlo, fue que los ministros tuvieron la entereza de frenar el proyecto de hacer de la Corte un instrumento transexenal del grupo que hoy está en Palacio Nacional.
Fue frenada una maquinación literalmente escandalosa para imponer a la ministra Yasmín Esquivel en la presidencia de la Corte.
Una vez derrotada la iniciativa para extender dos años el mandato de Arturo Zaldívar, Esquivel era el ariete del control transexenal de la Suprema Corte.
Fue una maquinación escandalosa porque en lo que debió ser una elección que sólo decidían los ministros, la ruidosa intervención de otro poder, el Ejecutivo, y notablemente su titular, estuvo presente en todo momento.
Unas cuantas horas previas a la votación, la procuraduría de la Ciudad de México dio a conocer que Yasmín Esquivel no había plagiado su tesis, y que ella fue la víctima.
Acusaron a un pobre hombre sin siquiera escucharlo.
La maniobra desesperada del gobierno capitalino para salvar la candidatura de la carta oficial a presidir la Corte, concluye que quien copió fue un señor que presentó la tesis un año antes que la ministra cuestionada por plagio.
Qué papelazo. Aunque a tiempo para enseñarnos cómo se tuerce la justicia en el Gobierno de la Ciudad de México para obtener un beneficio político.
Y en la votación para presidir la Corte, Yasmín Esquivel tuvo dos votos, presumiblemente de dos incondicionales del “proyecto”, ella y Loretta Ortiz.
En la siguiente ronda, sólo tuvo un voto.
Y el plan B, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, tampoco ganó: se quedó a un voto de lograrlo.
De menor importancia que la Suprema Corte, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –un organismo que es autónomo–, perdió en la primera ronda la candidata Luz María Anaya, magistrada que llegó al cargo propuesta por el Presidente.
Lunes 2 de enero de 2023, un buen día para México.
Pero vendrán varias otras jornadas que también serán clave.
La República aún no está salvada, aunque tampoco perdida, como pudo perderse ayer.