Limitar el número de asesores a tres por dependencia, cancelar todos los puestos de inspectores supervisores y verificadores para que sus funciones sean ejercidas por los órganos de control interno, prohibir la contratación de servicios de consultoría y asesoría a despachos externos y dejar con cargo honorífico a los representantes gremiales que participen en organismos tripartitas son parte de la iniciativa de la Ley Federal de Austeridad de Estado, que realiza el gobierno de transición.
Para cumplir con “Los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”, presentados por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador el pasado 15 de julio de 2018, el gobierno de transición trabaja en esta iniciativa con proyecto de decreto, que será presentada por los diputados de Morena, para sustituir la que se presentó el 11 de septiembre, ya que contiene puntos más específicos.
En este borrador de 23 cuartillas, se da una larga Exposición de Motivos en la que se compara la austeridad republicana contra la austeridad neoliberal así como al gobierno rico contra el pueblo pobre.
En este último apartado se señala que en México existe una alta burocracia que se trata de una casta de altos funcionarios públicos, que con el dinero del pueblo realizan compras abusivas para su beneficio personal como celulares de lujo, vehículos blindados, frecuentes viajes y transportación en clases ejecutivas.
Se explica que la alta burocracia mexicana es la segunda mejor pagada de toda América Latina sólo después de Colombia y que un ministro de la Suprema Corte ganaba en 2016 más que el presidente de Alemania o de Italia.
Además, el proyecto cancela las plazas con nivel de Dirección General Adjunta, asigna secretarios particulares únicamente para los titulares de las dependencias y limita la contratación de personal de honorarios, la cual no podrá resultar superior al 10 por ciento del gasto destinado al personal de estructura de los entes públicos.
Y establece que los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, darán cumplimiento al presente artículo de conformidad con la normatividad correspondiente.
La propuesta señala que el personal de confianza laborara de lunes a sábado y prohíbe a los burócratas convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajes con contratistas, concesionarios, grandes contribuyentes, proveedores, o inversionistas vinculados a su función pública.
Además les prohíbe cerrar calles, detener el tráfico, no respetar los semáforos y los obliga a brindar un trato expedito, digno, respetuoso y amable a los ciudadanos, eso sí sería cambiar por completo el rostro de los funcionarios públicos.
Y les prohíbe recibir, “con motivo del desempeño de su empleo, cargo o comisión, cualquier tipo de pago, regalo, dádiva, viaje o servicio que beneficie a su persona o sus familiares hasta el cuarto grado por consanguinidad o afinidad”.
Asimismo, se establece que no habrá más de una oficina para cada asunto y que, por ello, los temas relacionados con la comunicación social y los de tecnologías e informática se concentrarán en la Oficina de la Presidencia de la República.
Todavía se trata de un proyecto que busca dar legalidad a las propuestas de austeridad del próximo gobierno, debido a que no fue aceptado el que presentaron los diputados.