Después de una larga travesía retórica, el avión presidencial TP-01 “José María Morelos” regresará a México, con lo cual se cierran algunos ciclos políticos y se admiten abiertamente –aunque, al no ser parte explícita del discurso quedará soslayado– algunas mentiras del pasado electoral.
La más importante en este rubro es que el avión no costó los siete mil quinientos millones de dólares, como dijo Andrés Manuel López Obrador en uno de sus primeros spots para la campaña presidencial, difundido en YouTube el 26 de marzo de 2018, y la otra, de menor relevancia, es que el hangar presidencial no ha desaparecido. En términos de acción política, el retorno, por la puerta de atrás, es la demostración de una gestión que fracasó, pero podría –deseo casi utópico– convertir un fiasco en algo positivo para el presidente y para el país.
El repudio al avión presidencial se convirtió en un dogma para López Obrador desde que, en la precampaña, cuando habló en un mitin en Nuevo Laredo sobre su deseo de venderlo al llegar a la Presidencia, una señora le gritó “¡ni Obama lo tiene!”, frase que incorporó a su discurso político con enorme éxito.
Impunemente dijo que había costado 567 millones de dólares (siete mil 500 millones de pesos a valor de entonces), pero este martes, al anunciar el regreso del avión, el director de Banobras, Jorge Mendoza, el banco que realizó la operación financiera para adquirir el avión, dijo que el costo fue de 218 millones de dólares (dos mil 900 millones de pesos).
El avión no fue adquirido por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, como aseguraba López Obrador, sino por el del expresidente Felipe Calderón, hacia finales de su gobierno –por lo que nunca lo usó–, después de la experiencia de los accidentes mortales de sus secretarios de Gobernación, Francisco Blake y Juan Camilo Mouriño.
La aprobación de la venta se puso a discusión dentro del presupuesto de 2012, cuyo dictamen se aprobó el 15 de noviembre de 2011, con 425 votos a favor, incluidos 45 diputados del PRD que autorizaron la compra del avión, contra entre los que figuraron el hoy subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el actual alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas.
Hace un año aproximadamente, el TP-01 fue enviado a Victorville, a unos 80 kilómetros de San Bernardino, en California, donde no hay aviación comercial, pero se ofrece pensión aérea y mantenimiento. Por ese servicio se pagaba poco más de un millón de pesos al mes, con un contrato por un año y la posibilidad de renovarlo por otro.
Las críticas al presidente porque ese costo era casi idéntico a lo que se había gastado en mantenerlo en uso durante el último año del sexenio de Peña Nieto, lo llevaron a no renovar el contrato y que regresara a México. El presidente dijo que sería ubicado en el “hangar presidencial”, aunque desapareció como tal y hoy, pintado de gris en lugar de blanco, remplazó su nombre por “6º Gpo. Aéreo”.
La decisión es como un balde de agua fría que cae sobre el presidente, aunque los verdaderos responsables son aquellos aduladores y lambiscones en su entorno que no le proporcionaron con franqueza a López Obrador los datos duros del avión y los escenarios reales que podría enfrentar al chocar con la realidad.
El miedo que le tienen llevó a este fiasco y arrastraron al presidente. El avión fue evaluado en 130 millones de dólares para su venta, ante lo que se advirtió que no se podría vender en esa suma y, quizás, en ninguna otra, a menos que lo remataran. Pero ni aun así lo pudieron colocar en el mercado. Lo más que ofrecían unos empresarios texanos, dentro de un paquete de compra de una buena parte de la flota aérea gubernamental, no superaba los 69 millones de dólares.
El TP-01 es un 787 Dreamliner fabricado por Boeing, un avión sofisticado por la alta tecnología que tiene y que lo hace más ligero y más eficiente en consumo de vuelo; es utilizado por gobiernos y más de 54 aerolíneas en el mundo, incluido Aeroméxico. El adquirido por Calderón fue una nave de demostración en la primera generación de esa línea, con una configuración para el gobierno que dificultaba aún más su venta.
Estuvo armado de acuerdo con lo que pidió el gobierno, por lo que su capacidad de pasajeros es reducida para efectos comerciales, y las turbinas tienen menor potencia, porque tiene menos peso. El TP-01 no sirve para vuelos comerciales, además de que resultaría más económico para una aerolínea comercial adquirir uno nuevo.
El gobierno anunció una serie de opciones para ayudar a liberar, si llegara a darse una operación de venta al precio del avalúo, más de dos mil millones de pesos del remanente de pago, pero no es realista. Si quiere que salga el avión en el mercado, tienen que rematarlo o rentarlo, perdiendo dinero. Plantear al presidente Donald Trump, como lo hizo López Obrador, que se quede con el TP-01 a cambio de equipo para el sector salud, es como mendigarle una pieza de pan. Es indigno y no corresponde a la forma como se ha referido a la compra del avión presidencial, llamándola una “una ofensa para los mexicanos” y un símbolo de “la opulencia y lo ridículo”. Esas palabras, en la política real, fueron un búmeran.
Lo ideal sería una rectificación del presidente y que, rebautizado, pintado del gris de la Fuerza Aérea o camuflajeado, se reincorpore al servicio del gobierno. Pedirle que por razones de seguridad nacional él sea uno de sus usuarios, puede ser demasiado para un hombre que sólo piensa en política electoral, pero reactivarlo para uso oficial no es algo que debería desestimar en automático.