En México, el 27 de febrero se cumplió un año de haber registrado el primer caso de la COVID-19. Durante este periodo, y después de más de 180 mil muertes y 2 millones de casos confirmados, la pandemia ha acentuado problemáticas sociales muy preocupantes. Entre ellas, sin duda la más recurrente, es que millones de personas han perdido su principal ingreso económico. De acuerdo a estimaciones del CONEVAL, este año más de 9 millones de personas se sumarán a la población que vive en condiciones de pobreza.
Cuando se analiza la pobreza por tipo de población encontramos que, antes de la pandemia, 51 por ciento de las niñas, niños y adolescentes vivían en condiciones de pobreza. Esto indica que, como población, la niñez es la que vive en las mayores condiciones de pobreza en México; y en este contexto, lo será aún más.
Otro impacto que ha tenido la pandemia, es la violencia contra ellas y ellos. Los datos oficiales no brindan un acercamiento real de la problemática, ya que sólo se contabilizan los que son denunciados; la interacción limitada en escuelas y otros espacios hace casi invisible los reportes de estas situaciones.
Asociado a lo anterior, los efectos de la educación a distancia en la socialización y aprendizaje, así como la falta de acceso a las tecnologías de la información, ha incrementado la brecha de desigualdad. Esto se traducirá, en un futuro próximo, en pocas oportunidades para la inclusión adecuada de estas personas al mercado productivo nacional.
Todas estas problemáticas tienen efectos negativos en la estructura social, económica y cultural de la población, lo que profundiza las situaciones asociadas a la inseguridad, salud pública, baja productividad, desigualdad, entre otras con alto costo para nuestro país. Ahora más que nunca, se requiere una respuesta de Estado de alto nivel e integral, que articule a las diferentes entidades e instituciones públicas para la atención de más de 38 millones de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, el enfoque integral permitirá asegurar que el gasto público se reduzca, observando los efectos de la crisis económica que estamos viviendo.
Si el Estado Mexicano quiere comenzar a saldar la deuda histórica que tiene con la niñez y adolescencia, debe comenzar por reevaluar la necesidad de la permanencia del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). No se puede prescindir del mismo, al ser un órgano articulador entre las instituciones, interdependiente y con enfoque de derechos. Además, garantiza la eficiencia del ejercicio de los recursos públicos, atendiendo las medidas de austeridad.
Por un regreso a la normalidad más justa con condiciones de igualdad para todas las personas en este país, el #SipinnaSíVa.