El Talibán ratificó la prohibición sobre la educación de las mujeres afganas en un mensaje a las universidades privadas de que los exámenes de ingreso están vedados para ellas, según dijo un vocero.
Se envió el aviso a pesar de las condenas y presiones de la comunidad internacional para que se reviertan las medidas que limitan las libertades de las mujeres, incluidas las visitas este mes de varios altos funcionarios de la ONU.
El mes pasado se emitió la prohibición de que las mujeres asistan a las universidades privadas o públicas, y el ministro de Educación Superior, Nida Mohammed Nadim, dijo que esta era necesaria para evitar el contacto entre personas de ambos sexos en las aulas, además de que algunas de las materias contravenían los principios islámicos.
Se habían iniciado medidas para resolver estos problemas y se reabrirían las universidades a las mujeres una vez que se hiciera, había dicho Nadim en una entrevista televisada.
La aclaración de los talibanes llega después de que el pasado diciembre impusieran un veto a la educación femenina en las universidades, que habían venido permitiendo, y que se sumó a la prohibición a las estudiantes a acceder a las escuelas de secundaria desde su llegada al poder en agosto de 2021.
Tras hacerse con el control de Kabul y pese a sus promesas de cambio en los últimos años, las afganas han sufrido un deterioro en materia de derechos humanos que cada vez recuerda más a la época del primer régimen talibán (1996-2001), cuando las mujeres quedaron relegadas a las tareas domésticas, sin posibilidad de salir de casa.
Entre la plétora de restricciones impuestas se incluyen la obligatoriedad de llevar el rostro cubierto, la segregación por sexos y precisar del acompañamiento de un miembro masculino de su familia para viajar.
Aparte de esta serie de órdenes, los talibanes vetaron el mes pasado que las mujeres trabajasen en las organizaciones no gubernamentales, bajo el pretexto de que muchas de las empleadas no portaban el velo.
Una decisión que recibió la condena de la comunidad internacional, y que llevó a varias de ONG a suspender sus programas en Afganistán, mientras que la ONU llegó a alertar de que, de no producirse cambios en la normativa, se verían obligados a detener muchas actividades en el país.