Los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) disputaron la tarde del jueves una aguerrida discusión en la búsqueda de alternativas para detener la reforma al Poder Judicial (o defenderla, según sean los togados), que fue aprobada y promulgada en septiembre.
En la sesión del 3 de octubre, los ministros informaron que evaluarán la posibilidad de presentar una controversia constitucional contra la reforma, la cual fue ratificada hace unas semanas por el Senado de la República. El ministro Juan Luis González Alcántara fue quien presentó el proyecto de controversia, amparándose en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que permite a la SCJN pronunciarse sobre reformas constitucionales.
Sin embargo, no todos los ministros estuvieron de acuerdo con avanzar en esta controversia. Las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortíz y Lenia Batres votaron en contra de la propuesta presentada por González Alcántara. La ministra Lenia Batres, por su parte, argumentó que, si la SCJN asumiera competencias que no le corresponden, estaría violando los principios de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado de Derecho. Además, señaló que intentar frenar la reforma judicial sería equivalente a un golpe de Estado, ya que fue publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación en septiembre.
Batres también afirmó que se está intentando someter a revisión constitucional el trabajo del Poder Legislativo y subrayó que se cumplieron todos los requisitos para llevar a cabo las modificaciones en la Constitución en el ámbito judicial. La ministra Loretta Ortíz respaldó las declaraciones de Batres, añadiendo que la reforma al Poder Judicial es el resultado de la voluntad popular y que las personas juzgadoras no deben ser vistas como opositoras de la democracia, sino como sus protectoras.
“Recordemos, en lo general, que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido definido, defendido bien y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este Pleno de golpistas, lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70/2014, suscrito por grandes juristas del país a quienes respeto muchísimo como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedía era revisar el proceso constitucional”, señaló.
Por otro lado, el ministro Javier Laynez Potisek expresó su desacuerdo con la postura de Batres y Ortíz. Laynez criticó que las ministras parecen conformarse con que el Poder Legislativo haga modificaciones a la Constitución, sin tomar en cuenta las posibles repercusiones de estas acciones.
Además, cuestionó qué harían las ministras en un caso hipotético donde el Congreso decidiera imponer cadena perpetua a las mujeres que interrumpen un embarazo, preguntándoles si, como juezas constitucionales, acatarían esa decisión sin reflexionar.
Finalmente, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, aclaró que el proyecto presentado por González Alcántara no pretende juzgar la validez constitucional de la reforma al Poder Judicial, sino revisar de fondo lo aprobado por el Congreso para evitar que se vulnere la independencia del Poder Judicial.
BATRES DICE QUE LA ATACAN EN REDES
“Como he manifestado en las sesiones privadas de manera múltiple, no he recibido ese trato ni de la comunidad del Poder Judicial y ni siquiera ese respeto al interior de la propia Suprema Corte, a la que he pedido múltiples ocasiones interceda para bajar de Twitter, ahora Red Social X, diversas manifestaciones desde cuentas que utilizan el logotipo oficial de la SCJN y que afortunadamente no se refieren a ninguno ni a ninguna de los ministros y ministras aquí presentes más que a la suscrita", acusó Lenia Batres.
Piña respondió que ya han tomado medidas al respecto, pero que la decisión final recae en la empresa estadounidense X.
“Varias veces, desde que usted presentó su solicitud de cuentas, se empezaron a hacer las gestiones, y se han seguido haciendo las gestiones, incluso recientemente se le pasó a usted la información, porque esto va a la empresa, no depende de nosotros, es la empresa la que he estado calificando, pero le pasé la información y seguiremos insistiendo”, respondió la ministra presidenta.