La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) salió al paso este miércoles e insistió en que la iniciativa de ley aprobada ayer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que busca la extinción de 13 de los 14 fideicomisos con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación (PJF), "sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores".
Aunque Morena y sus aliados, que le dieron el visto bueno a esta propuesta, argumentaron que de los 14 instrumentos sólo uno tiene justificada su existencia, pues el resto beneficia con recursos sólo a altos mandos de la judicatura, el Poder Judicial aseveró que "los fideicomisos no son para el pago de prestaciones de ministras y ministros".
En cambio, argumentó que al menos 6 están relacionados con obligaciones patronales.
"El cumplimiento [de las obligaciones de los fideicomisos] constituyen derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social: pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Estos derechos adquiridos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado", explicó en una tarjeta informativa.
En este sentido, el Poder Judicial dijo que estos "derechos" también están respaldados y reconocidos en diferentes reglamentos, estatutos y acuerdos internos, a los que definió como "instrumentos normativos". Dejó claro que los beneficios que suponen no constituyen prestaciones adicionales, "sino derechos adquiridos" por algunos trabajadores.
Sobre la premisa de que sólo altos mandos se ven beneficiados de los fideicomisos, el Poder Judicial dijo que su personal operativo, que representa más del 60% de la plantilla, "es el principal beneficiario de las prestaciones laborales vinculadas a los fideicomisos".
Eso no fue todo, la Corte justificó que terminar con los fideicomisos afectará directamente a la procuración de justicia. "La extinción de fideicomisos si limita la operatividad del PJF y, con ello, el derecho al acceso a la justicia en perjuicio de la sociedad en su conjunto", dijo.
A la par, detalló que uno de los intrumentos, relacionado con casas habitación de las personas magistradas y juezas, "cubren gastos vinculados con prestaciones inherentes a sus funciones, como es el apoyo para contar con un lugar para residir cuando cambian de adscripción en cumplimiento de las necesidades de la judicatura".
En tanto, la Suprema Corte justificó que además de los fideicomisos que cubren obligaciones de carácter laboral y en materia de seguridad social para las y sus trabajadores, existen otros que "atienden necesidades específicas de operación", como es el caso del fideicomiso para el “Desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal”.
Los recursos de ese fideicomiso, dijo, se utilizan para financiar, como su nombre indica, la implementación de obligaciones derivadas de reformas constitucionales y legales como la reforma laboral, así como de la suscripción de tratados internacionales, como es el caso del T-MEC, específicamente, en esa materia.
"Así, la extinción de este fondo afecta directamente a la implementación de las reformas y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano", dijo.
Por otro lado, señaló que los fondos de otro fideicomiso, el 80687, se destinan a proyectos de infraestructura, los cuales tienen que ver con los espacios donde se imparte la justicia y que están al servicio no sólo de las personas trabajadoras del PJF, "sino también de las y los usuarios del sistema judicial; es decir, de toda la sociedad".