Porque el actual gobernador de Nuevo León cumplió la promesa de meter a la cárcel a su antecesor
Rodrigo Medina de la Cruz es el último de los exgobernadores priistas en pisar la cárcel al ser vinculado a proceso por peculado este jueves por la madrugada, a petición de un juez.
Pero, ¿quién es el abogado priista que fue considerado parte del nuevo PRI?
De 44 años, Medina de la Cruz comenzó a trabajar en un juzgado penal cuando apenas tenía 16 años. El político estudió la Licenciatura en Ciencias Jurídicas en la Universidad Regiomontana, para después cursar una Maestría en Derecho Corporativo Internacional en la Universidad de Miami.
El exmandatario trabajó como funcionario de la Secretaría de Gobernación y fue delegado del Instituto Nacional de Migración (INM). Posteriormente fue electo diputado federal en la LX legislatura (2006-2009), donde presidió la Comisión de Seguridad Pública.
En Nuevo León, Rodrigo Medina fue subsecretario de Atención Ciudadana y Asuntos Religiosos, secretario técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad y, posteriormente, secretario general de Gobierno con el exmandatario Natividad González Parás.
Medina de la Cruz fue electo gobernador el 5 de julio de 2009 y asumió el cargo el 4 de octubre de 2009, dejándolo en septiembre de 2015; su elección fue vista como un voto de confianza al trabajo de su antecesor.
LAS ACUSACIONES
El actual mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, durante campaña prometió que metería a la cárcel a Rodrigo Medina.
"Si Rodrigo Medina robó, claro que lo voy a meter a la cárcel", dijo en varias entrevistas durante su campaña, en 2015.
En marzo de 2016, la administración del Bronco puso en marcha la "Operación Tornado", una investigación realizada a la gestión de Medina y que hasta ahora ha integrado 117 expedientes en los que se incluyen diversos presuntos delitos en los que incurrió el exmandatario.
En las investigaciones para la "Operación Tornado", participaron agentes ministeriales, peritos especializados y ministerios públicos de la Subprocuraduría Anticorrupción y funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno estatal.
Los casos se detectaron en las secretarías del Trabajo, de Obras Públicas, de Desarrollo Económico, de Finanzas y Tesorería del Estado, de Seguridad Pública, de Educación, Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Sistema de Transporte Colectivo Monterrey y la Secretaría General de Gobierno.
Los delitos en los que supuestamente incurrieron son peculado, delitos patrimoniales y ejercicio indebido de funciones.
Aparte del exgobernador, están involucrados 14 exservidores públicos, 2 alcaldes en funciones, 2 diputados federales en funciones, 10 empresarios, 2 funcionarios bancarios, familiares y socios.
Según el gobierno de Nuevo León, el daño a las finanzas del estado ascendería a 3 mil 128 millones de pesos.
Aquí los detalles de los presuntos ilícitos en los que estarían involucrados los funcionarios previamente mencionados:
CASO KIA
Jaime Rodríguez Calderón inició una disputa con la empresa automotriz KIA porque consideró que el convenio que tiene con el gobierno tenía muchas irregularidades como la entrega de incentivos por encima de lo que permite la ley.
Por ejemplo, la administración de Medina de la Cruz acordó arreglar para KIA su abastecimiento de agua, gas, impuestos, dinero para carreteras, casas, actividades recreativas y hasta apoyos para obtener concesiones que pudieran ayudarle a continuar con su expansión en Nuevo León.
Otra irregularidad fue en la vente del terreo donde se construiría la armadora, pues, la Fiscalía del Estado reveló que el estado compró el terreno a un precio mayor del estipulado, puesto que la inmobiliaria Galord, compró las tierras a un precio de 55.3 millones de pesos, posteriormente, el gobierno compró a particulares el mismo terreno pero a un precio de 186.4 millones de pesos.
PROMOCIÓN A INVERSIÓN
El Consejo Estatal de Promoción e Inversión aprobó inversiones para obras públicas buscando el beneficio privado, además de adquisiciones de inmuebles sin licitación. Los beneficios económicos tras las adquisiciones de las obras tienen vínculos con servidores públicos.
También se presentó un estudio realizado por una institución educativa en la sesión del Consejo del 2 de junio de 2014. Esa institución elaboró este estudio 4 meses después de la fecha de la sesión.
COMITÉ FIDUCIARIO
El fiduciario de FIDECITRUS autorizó la modificación del objeto del fideicomiso otorgándole facultades que el Congreso de Nuevo León había dado a otras dependencias.
Estos fideicomisos fueron la vía para desviar recursos públicos para obras privadas, para la adquisición de inmuebles y ser la fuente para el pago de obligaciones fiscales con cargo a recursos públicos que debían haber estado destinados a particulares. Cuando el Estado compra un terreno, no puede cobrar comisiones a un particular.
Una empresa seleccionada, sin injerencia legal y que tiene relaciones de negocio con bancos, se constituyó como gestor para la inscripción de inmuebles adquiridos. El representante de esta empresa tramitó todo como si fuera alguien contratado, y lo hace a través de un socio que es apoderado del banco donde es fiduciario.
LOS INVOLUCRADOS
• Rodrigo Medina de la Cruz, exgobernador de Nuevo León del 2009 a 2015.
• Rolando Zubirán Robert, exsecretario de Desarrollo Económico
• Celina Villarreal Cárdenas, exsubsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional
• Rodolfo Gómez Acosta, exsecretario de Finanzas y Tesorero General
• Luis Marroquín Salazar, exsecretario de Obras Públicas
• Jaime Parada Ávila, exdirector del Instituto de Innovación y Tecnología
• Fernando Gutiérrez Moreno, exsecretario de Desarrollo Sustentable
• Patricia Aguirre González, exdirectora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado
• Sergio Alanís Marroquín, exdirector Ejecutivo de Fomerrey
• Juan Livas Cantú, exdirector General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus
• Víctor Martínez Trujillo, exdirector General del Sistema de Caminos de Nuevo León