Porque hay que visibilizar este grave problema
La Secretaría de Gobernación (Segob) envió a la Cámara de Diputados el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, en donde señala que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, el total de personas desaparecidas y no localizadas del fuero común fue de 29 mil 485.
Por su parte, la información remitida por la Procuraduría General de la República (PGR) reporta mil 14 registros de personas en la misma situación del fuero federal.
Las entidades federativas con mayor número de registros relacionados con casos antes citados, son: Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila. La suma acumulada de las personas, que al 31 de diciembre de 2016 permanecían como desaparecidas y no localizadas en estos siete estados, representó 67% del total nacional.
Según su rango de edad, la mayor proporción se ubicó entre los 15 y 19 años de edad; siguiente, entre los 20 y 24 años y el último fue entre los 25 y 29, representando el 40% (11 mil 861 personas) del total.
(Foto: Cuartoscuro)
Los registros de casos del fuero federal se concentran en una menor cantidad de entidades federativas. En particular, el 57.6% en Guerrero, Veracruz, y Tamaulipas. Por sus números absolutos, les siguen Michoacán, Ciudad de México, Coahuila, Oaxaca, Nuevo León, Chihuahua y Baja California. El informe se mandó a la Comisión de Seguridad Pública.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a los legisladores que, en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, se impulse la prosecución del proceso de diversos ordenamientos en materia de desaparición de personas, de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías, y para reconocer el matrimonio igualitario.
El documento, enviado a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y suscrito por el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, plantea continuar el proceso legislativo de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas.
También, de la Ley Reglamentaria del artículo 33 de la Constitución Política y de la Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Carta Magna, en materia de restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y las garantías.