La pelea entre la politóloga Denise Dresser y la legisladora morenista Andrea Chávez continúa, sin embargo, esta tarde se registró un triunfo para la también escritora sobre la diputada federal.
Fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien determinó revocar la sentencia impuesta a la periodista por presunta violencia política de género luego de comentarios que hizo en un medio de comunicación en el que habló de la relación que pudiese existir entre Andrea Chávez y el excandidato Adán Augusto López.
Mónica Soto, magistrada presidenta del TEPJ, presentó el proyecto para revocar la sentencia pues consideró que las expresiones de Denise Dresser “se encuentran tuteladas bajo la libertad de expresión y actividad periodística pues la finalidad fue tratar un tema público, de modo que, contrario a lo determinado por la sala, no se configura violencia política”.
“La finalidad de la denunciada no fue destacar un vínculo entre la quejosa y el contendiente al cargo de elección popular, sino que el propósito de la denunciada radicó en evidenciar un presunto uso de recursos públicos y la disminución de sus posibilidades de éxito de obtener la coordinación a la que aspira”, agregó la magistrada.
Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata argumentó su voto a favor del proyecto en el que detalló que “la violencia política de género no puede ser un instrumento para silenciar a la prensa o al ejercicio libre de periodismo”.
Al respecto, la politóloga celebró en sus rede sociales este hecho que calificó de ‘histórico’ el fallo del TEPJF y aseguró que “hoy gana la libertad de expresión”. También agradeció al grupo de abogados y activistas que la ayudaron a ganar.
Cabe recordar que en noviembre del año pasado, la sala regional especializada del TEPJF determinó que las palabras de Dresser estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género.
Ante ello se le había sancionado a la escritora con una multa de $20,748 pesos; una disculpa pública a la diputada; asistir a un taller de violencia política de género que tenía que pagar ella misma; estar inscrita durante un año al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Todo esto fue revocado.