El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, con mayoría calificada de 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas.
Como lo explicó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, esta reforma permitirá que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a ser consideradas empresas públicas a cargo del Estado.
El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto se remite al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Durante la discusión en lo particular, diputadas y diputados de Morena, PAN, PT, PRI y MC presentaron diversas propuestas de modificación a la totalidad de los artículos del proyecto de decreto.
La reserva aceptada
El Pleno solo aceptó la reserva presentada por la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena), para modificar los artículos 27 y 28 del dictamen.
En el precepto 27 se eliminó el párrafo que señalaba: “El Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para la transición energética y otros impactos ambientales”.
En el artículo 28 se suprimió, de los objetivos de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, “asegurar el servicio de electricidad en toda su cadena de valor”. Además, se precisó que los ferrocarriles, “tanto para transporte de pasajeros como de carga”, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional. Y en el apartado que refiere que el Estado otorgará concesiones o permisos, se agregó la palabra “asignaciones”.
Posturas en pro y en contra
Al hablar a favor de la reserva, el diputado Ricardo Monreal , coordinador del grupo parlamentario de Morena, explicó que la propuesta de modificación es una corrección a tiempo para no condenar al Estado a ser el único que tenga a su cargo la transición energética, ya que ello “no sería posible porque no tiene la capacidad económica”.
Subrayó que se plantea suprimir el párrafo que dice “El Estado queda a cargo de la transición energética”, porque eso obliga a que sea el Estado el único que use, produzca y distribuya energía, y no se aceptaría ninguna inversión privada.
El diputado Germán Martínez (PAN), al manifestarse en contra, advirtió que esta modificación violenta los convenios internacionales, como el Acuerdo de París; además, “amputa” la transición energética y “están reduciendo al Estado su capacidad y obligación”.
La diputada Laura Ballesteros (MC), al pronunciarse en contra, dijo que con dicha reserva lo que se busca es quitarle la responsabilidad al Estado sobre el medio ambiente y la transición energética.