La reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) es parte de un conjunto de 20 modificaciones constitucionales propuestas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024.
Según el exgobierno federal, la reforma tiene cuatro objetivos principales:
El ‘Plan C’ de López Obrador surgió después de que su ‘Plan A’, una iniciativa de reforma electoral, fuera rechazado en diciembre de 2022 por los partidos de oposición. Este plan proponía la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), y la elección de consejeros y magistrados electorales mediante voto popular.
LOS PRIMEROS RECHAZOS A LAS REFORMAS DE AMLO
Cuando el ‘Plan A’ no avanzó, se planteó el ‘Plan B’, que incluía solo algunas modificaciones menores. Sin embargo, el primer dictamen, que añadía una cláusula para permitir el reparto de votos entre partidos de una misma coalición, siguió en debate. El 16 de diciembre, el documento fue reenviado al Senado, y la cámara alta reanudó su discusión en febrero de 2023, tras el receso legislativo. Finalmente, la segunda parte del 'Plan B' fue aprobada el 22 de febrero y publicada el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Algunas propuestas se mantuvieron en debate y fueron aprobadas en marzo de 2023.
No obstante, las reformas electorales del ‘Plan B’ fueron impugnadas ante la Suprema Corte, que las declaró inconstitucionales entre mayo y junio de 2023, argumentando que habían sido aprobadas sin seguir el proceso legislativo adecuado. Esto agudizó la confrontación entre el gobierno federal y el Poder Judicial.
El 9 de mayo de 2024, en una conferencia de prensa, López Obrador explicó que su ‘Plan C’ consistía en que los votantes respaldaran a Morena en las elecciones del 2 de junio, no solo en la presidencia, sino también en el Congreso. Este plan fue exitoso, permitiendo a Morena obtener una mayoría en el Congreso para avanzar con sus reformas, incluida la judicial.
El 11 de septiembre de 2024, tras un extenso debate y manifestaciones, el Senado aprobó la reforma judicial.
SUSPENSIONES E IMPUGNACIONES RECIENTES CONTRA LA REFORMA JUDICIAL
El 1 de septiembre de 2024, la jueza federal Martha Eugenia Magaña López, de Morelos, emitió una suspensión para frenar temporalmente el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma judicial. Poco después, el 5 de septiembre, la misma jueza otorgó una suspensión definitiva contra la discusión, aunque esta finalmente ocurrió. Simultáneamente, el juez Felipe V. Consuelo Soto en Chiapas también ordenó detener el proceso de la reforma.
Fue el 3 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó una controversia presentada por jueces y magistrados para impugnar la reforma judicial. La Corte decidiría si la reforma afecta la autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus miembros, pero eso no importó.
El 17 de octubre, el Juzgado 19 de Distrito de Coatzacoalcos, Veracruz, emitió una suspensión definitiva, ordenando a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación retirar la publicación del decreto que valida la reforma judicial. La jueza Nancy Juárez Salas señaló que las autoridades no cumplieron con la suspensión provisional previamente dictada.
Esta última impugnación arreció en una fuerte polémica entre la juzgadora y la mandataria mexicana, quien incluso ha hecho uso de su conferencia de prensa mañanera para exponer a la jueza. Además, afirmó que no haría caso a la suspensión ya que, aseguró, no había fundamentos jurídicos para hacerlo.
Durante su reunión con medios de comunicación, en la mañana de ayer, la mandataria mexicana dijo que después de casi una semana ya había sido notificada por el Poder Judicial sobre dicha suspensión, sin embargo, acusó entre risas, lo hicieron con un código QR que no servía o estaba vacío.
Recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió este miércoles, por mayoría de votos, que a pesar de las suspensiones de amparo interpuestas en contra de la reforma judicial, el Instituto Nacional Electoral debe seguir adelante con la organización del proceso electoral para la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular.
Esta decisión fue presentada por el magistrado Felipe de la Mata y contó con el respaldo de la magistrada presidenta Mónica Soto y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.