El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acreditó que Samuel García financió su campaña a la gubernatura de Nuevo León mediante un esquema ilegal de triangulación de recursos que incluyó a su madre y hermanos, así como empresas sospechosas que comparten domicilio fiscal.
Por esta razón, el árbitro electoral sancionó a MC con 24.9 millones de pesos, además de que pidió dar vista a la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE) para que abra una carpeta de investigación por este caso.
En este caso, el INE acreditó que la campaña del gobernador electo de Nuevo León recibió 14 millones 026 mil 500 pesos de dinero prohibido por la ley, de manos de Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, Silvia Catalina García Sepúlveda y Roberto García Sepúlveda.
“Se trata de un esquema de simulación o triangulación para financiar a un candidato o partido”, señaló el consejero Jaime Rivera.
“No queda duda de que el partido financió sus actividades ordinarias y alguna parte de gastos de campaña con recursos que no debió haber recibido. El parte se hizo de recursos mal habidos. Las campañas deben de financiarse con dinero limpio”, acusó el consejero Ciro Murayama.
Morena y el PRI denunciaron que este caso es un ejemplo de lavado de dinero y posible financiamiento del crimen organizado, por lo que pidieron una investigación más severa, así como dar vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera.
“¿Samuel García debe ser gobernador de Nuevo León? A pesar de las trampas”, cuestionó el representante de Morena, Sergio Gutiérrez.
“De dónde venía el dinero de esas empresas. ¿Era de su peculio? ¿Era dinero público que venía de Jalisco? ¿Era dinero del crimen organizado? ¿De dónde era ese dinero, de donde salió?”.
El representante del PRI, Gerardo Triana, pidió al INE que dé vista al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera que investiguen a fondo este caso.
“Lleguemos al origen de esos recursos que sirvieron para la riangulación que se está sancionando. No podemos quedarnos en la mera triangulación que estamos detectando, debemos ir más allá para que identifiquen el origen de estos recursos y se obre en consecuencia”, demandó.
Según el expediente del INE, la mamá y los hermanos de Samuel García recibieron depósitos sospechosos de empresas litigantes y de bienes raíces, que no están inscritas en el Registro Nacional de Proveedores, para posteriormente donarlos directamente a las arcas del partido naranja.
La triangulación de recursos se descubrió gracias a una denuncia presentada por el Partido Verde, aliado de Morena, en la cual se entregó como prueba una entrevista realizada en abril pasado a Samuel García, quien, en propia voz, admitió haber financiado su campaña con 20 millones de pesos que aportaron su mamá, sus hermanos y él mismo.
Lo anterior pese a que la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León aprobó en enero pasado que el límite de aportaciones privadas a un candidato a gobernador debía ser de 7 millones 208 mil 634.
Los 14 millones 026 mil 500 pesos de financiamiento privado que detectó el INE no sólo superaron la cantidad permitida, sino que además no salieron de los bolsillos de sus familiares, sino de tres empresas privadas, de las cuales dos tienen un mismo domicilio fiscal.
La Unidad Técnica de Fiscalización, con el apoyo de la UIF y la CNBV, detectó que los 11.6 millones de pesos que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade donó a su hijo fueron transferidos previamente a su cuenta por Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.
En un plazo menor a 48 horas a que recibió los depósitos, Sepúlveda Andrade los donó a las cuentas de Movimiento Ciudadano con la finalidad de fondear el proselitismo de Samuel García.
Asimismo, halló que Silvia Catalina García Sepúlveda recibió 746 mil 500 pesos de Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y 840 mil de Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C., es decir, 1 millón 586 mil 500 pesos, los cuales se destinaron a la campaña de su hermano.
Roberto García Sepúlveda, por su parte, donó 882 mil 701 pesos siguiendo el mismo esquema de triangulación.
Mientras que Bertha Silvia Sepúlveda Andrade declaró ser ama de casa e inversora, el INE destaca sobre la hermana y el hermano de Samuel García que “la autoridad fiscal dio cuenta de la inexistencia de actividad económica alguna con base en la cual se justifique los recursos captados en sus cuentas bancarias, que finalmente, son transferidos en beneficio del partido político”, señala el proyecto de resolución del caso.
Asimismo, la autoridad fiscalizadora halló que Roberto Miguel García Sepúlveda no presentó declaración anual para los ejercicios 2019 y 2020, a pesar de que su actividad fiscal es declarada como socio y accionista, además de que comparte domicilio fiscal con las empresas Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C y la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V.
Samuel García, añade el INE, también comparte el domicilio fiscal de esas empresas.
Paralelo a este caso de financiamiento ilícito, el INE impuso previamente una multa a García más de 400 mil pesos y otra de 55.6 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por propaganda irregular realizada en redes sociales por su esposa, Mariana Rodríguez.