Porque una de las promesas de AMLO fue terminar con la corrupción
Con 108 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó este jueves reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal Federal en materia de inhabilitación definitiva y temporal a servidores públicos y personas físicas y morales cuando incurran en faltas administrativas graves.
Las modificaciones planteadas en el dictamen de las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos Primera, establecen la llamada “muerte civil” a los servidores públicos que realicen actos de corrupción.
La iniciativa de la “muerte civil” establece la imposición de la inhabilitación definitiva para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, cuando los servidores públicos incurran en una falta grave, establecida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
También se plantea la inhabilitación temporal para cuando no se hayan causado daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno.
Pese a la unanimidad en la aprobación del dictamen, la senadora morenista Lucía Trasviña reaccionó a las acusaciones contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador de parte los senadores de oposición, a quienes acusó de “cómplices silenciosos” por encubrir las acciones delictivas y criminales de Javier Duarte, el gobierno “estúpido del Vicente Fox” o la negociaciones del “borrachín de (Felipe) Calderón.
“No vamos a permitir descalificaciones, porque son unos sinvergüenzas, son cínicos, eso es lo que son, lamento que estén aquí en del Senado con una investidura que no les corresponde, sátrapas, ratas, entrelucidos y lurios, así se los digo y se los sostengo y no les tengo miedo, cabrones”, soltó.
El debate inició cuando se aprobó, también por unanimidad, las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, momento en que el panista Julen Rementería le dijo al gobierno de López Obrador que la corrupción no se elimina con dichos, sino con hechos.
En respuesta, el morenista Cristóbal Arias criticó la presunta corrupción en las cámaras de Senadores y Diputados en las administraciones anteriores, las cuales estuvieron encabezadas por priistas y panistas.
“No tengo la menor duda del despilfarro y de la corrupción de los Gamboa y de los panistas que estuvieron haciendo del Senado un botín en el que se repartían alegremente los recursos del pueblo de México”, señaló.
Molesto, el priista Manuel Añorve recordó a Arias que Miguel Barbosa, aspirante de Morena a la gubernatura de Puebla, también estuvo en la administración del Senado.
Y AVANZA ELIMINCACIÓN DEL FUERO
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución para ampliar los delitos por los cuales el presidente de la República, diputados y senadores puedan ser juzgados durante su encargo.
La propuesta, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de diciembre, fue modificada por dichas comisiones, porque originalmente sólo se planteaba juzgar al titular del Poder Ejecutivo, pero ahora se amplió para diputados y senadores.
El dictamen señala que durante su encargo, el presidente, senadores y diputados podrán ser juzgados por traición a la patria, corrupción, delitos electorales o los señalados en el segundo párrafo del artículo 19, referidos a la delincuencia organizada, trata y delitos cometidos con armas o medios violentos, entre otros.