A pesar del rezago de 139 mil expedientes laborales sin atender, se destituyó a los presidentes de la Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México.
Lo anterior bajo órdenes de del secretario del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez Díaz de León.
En entrevista Lauro Sol Orea, expresidente de la Junta Especial 13, detalló que tras el despido de los titulares de las 20 Juntas Especiales, fueron designados encargados de despacho quienes son auxiliares de trámites, pero ahora resentirán una carga laboral, pues tendrán que realizar múltiples funciones.
Por lo que aseguró que el rezago será mayor, ya que "los propios patrones que verán más retrasado aún el trámite de sus respectivos juicios laborales, mismos que actualmente suman más de 125 mil”.
Además, advirtió que la duración de un juicio laboral en promedio es de cuatro años, “pero con las medidas para desmantelar la JLCA, el periodo se duplicará para que el trabajador pueda obtener una resolución”.
Estimó que, para abatir el rezago total de los expedientes, se requerirán 12 años, “por lo menos, lo que convierte a este tribunal en el más ineficiente de todo el país”.
ANAD RESPALDA A EXPRESIDENTES DE JUNTAS EPECIALES
Por su parte, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) expresó su “más enérgica condena a la arbitraria e ilegal destitución” ordenada por el funcionario del gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
En este sentido, exigió la “inmediata reinstalación” de los expresidentes y pidió una audiencia con Sheinbaum para expresarle sus preocupaciones y propuestas sobre el tema.
A través de un comunicado, la ANAD acusó que dicha medida “viola directamente la Ley Federal del Trabajo, respecto a la autonomía de la propia Junta Local y a la inamovilidad de los citados presidentes durante el periodo para el que fueron designados, precisamente para garantizar su independencia como juzgadores”.
Aseveró que las destituciones “representa un grave ataque a nuestro Estado de Derecho y denota el desconocimiento y la arbitrariedad de los funcionarios responsables, bajo el pretexto de una supuesta falta de presupuesto”.